Xerach F. Smeding

El 9 de marzo somos demasiados los que nos jugamos algo más que la mera representatividad estipulada por el sistema bicameral español. En las próximas generales, cientos de miles de españoles se juegan algo tan sagrado como sus derechos, reconocidos durante esta última legislatura y apoyados, por una mayoría de ciudadanos españoles, en sendas encuestas y sondeos. Hay un sector de la sociedad española que se niega a reconocer derechos básicos a un conjunto de ciudadanos por la orientación sexual de éstos. Consideran que todo aquel que no sea heterosexual y que, por naturaleza, no pueda engendrar una vida, no tiene derecho a adoptar, a formar familias y a ser feliz. Y por ello, porque no creen en ninguno de los derechos que hemos adquirido estos últimos cuatro años, el partido que los representa [el Partido Popular] piensa arrebatarnos el derecho a adoptar; prohibirán que nuestras uniones se llamen matrimonio; aplicarán la política del apartheid sexual que tanto ansían, que tanto defienden. La gravedad de estas propuestas estriba en un hecho único: por primera vez desde la reimplantación de la democracia en España, un partido con serias opciones a gobernar se plantea eliminar un derecho humano reconocido por la mayoría parlamentaria vigente. Ello implica un retroceso en materia de derechos y libertades de una envergadura brutal. Arrebatar derechos conquistados e imponer la moral caduca de una minoría, supone violar sistemáticamente el principio en el que se basa la democracia: la pluralidad ideológica y el carácter heterogéneo de la sociedad son alguno de los pilares en los que se asienta el sistema. Si el esquema se rompe, si se comienza a legislar a favor de una minoría, en contra de los deseos de un conjunto de ciudadanos cuyos derechos no están legislados [a pesar de que, conforme a la ley y el ordenamiento constitucional, son ciudadanos con plenos derechos], las reglas del juego democrático estallarán por los aires. Y ese, precisamente, es el objetivo prioritario de esta derecha rancia y carca que representa el Partido Popular: ellos materializan la involución en su un estado más desarrollado; representan la mezquindad de una minoría incapaz de asimilar que en este país, le pese a quién le pese, los ciudadanos deben contar con los mismos derechos y obligaciones, no importando ni su orientación sexual, ni el color de su piel ni su ideario político; el apartheid sexual que propone el PP, llamando a los contratos matrimoniales con distinto nombre, prohibiendo a homosexuales y lesbianas el derecho legítimo a adoptar y a crear familias, es un liberticidio en toda regla. El 9 de marzo hemos de dejarles bien claro que nuestros derechos ni se tocan ni se arrebatan; hemos de luchar, votando a todas las opciones políticas exceptuando el Partido Popular, y alzar nuestra voz sobre aquellos cuyas premisas se basan en la intolerancia, el odio hacia el diferente y el totalitarismo político como praxis, y el nacionalcatolicismo como ideario.

La franja de Gaza tiene un tamaño parecido al de la isla de la Gomera; en ella [mal] viven casi 1.4 millones de palestinos, lo que la convierte en una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Parte íntegra del futuro Estado palestino desde el plan de partición de 1947, su territorio se ha ido reduciendo a base de guerras, cercos y asentamientos judíos. Desde 2006, el grupo islamista radical Hamás gobierna la franja de Gaza tras la celebración de elecciones democráticas en los Territorios Ocupados, una victoria no-reconocida por los que se dicen demócratas: Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Los medios de comunicación han venido intoxicando, con un conjunto de distorsiones y medias verdades los últimos acontecimientos que se han desarrollado en la franja de Gaza en estos últimos días. Israel lleva desde hace casi una semana ampliando el habitual cerco que ha impuesto a los más de 1 millón de seres humanos que viven en la zona; el corte total del suministro eléctrico, en pleno invierno, y del petróleo han llevado a la franja al abismo por enésima vez. Israel afirma que el bloqueo total sobre la franja es la respuesta al incesante bombardeo con cohetes Kassam efectuado por Hamás, Yihad Islámica y Al Fatal; Israel, y los mass media occidentales mienten descaradamente al afirmar que la actual situación es producto de los ataques de los palestinos. El 16 de este mismo mes, el Ejército israelí perpetró una masacre matando a 16 milicianos y 3 civiles palestinos en la ciudad de Gaza, en pleno proceso de negociaciones entre el Gobierno palestino, Israel y Estados Unidos como mediador, rompiendo una tregua de facto, pero no declarada, por los movimientos milicianos palestinos. Como respuesta al ataque, los grupos radicales y de milicianos llevan días lanzando cohetes contra territorio israelí. Consecuencia de todo ello es la reactivación del ciclo de terror y el círculo vengativo de un conflicto que se perpetúa en el tiempo. La desesperación, y la acción de Hamás permitieron anoche la voladura del muro que separa Gaza de Egipto. Se calcula que alrededor de 400.000 personas han podido escapar del frío, el hambre y la carestía que se han adueñado de Gaza, con el beneplácito del Presidente egipcio Mubarak. Mientras, las Naciones Unidas y la Unión Europea han optado por una espera inaceptable: los castigos colectivos a civiles inocentes suponen una vulneración absoluta de la Convención de Ginebra. Israel, por enésima vez, se ha pasado todos y cada uno de los convenios existentes por donde uno se puede imaginar; las consecuencias siempre son las mismas: hambre, desesperación y pobreza, pero sólo para los integrantes inocentes de uno de los bandos, los palestinos.

La noticia de que Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid y uno de los principales rostros del ala moderada del Partido Popular, haya optado por dejar la política tras haber sido excluido de las listas de su partido al Congreso de los Diputados ha socavado los, en teoría, firmes cimientos de la casa popular. Rajoy y su equipo llevan meses preparando un plácido viaje al centro [se supone que a ninguna parte] tras cuatro años en los que, día sí y día también, han crispado hasta límites insostenibles la política nacional y envenenado con su discurso apocalíptico a buena parte de la sociedad. Zapatero, junto a su equipo de gobierno actual, lleva meses enfrascado en otro viaje al centro de no se sabe muy bien dónde, que en la práctica ha supuesto una derechización del programa electoral y la erradicación de medidas progresistas que sí habían sido tenidas en cuenta en el anterior programa de 2004. Los encargados de que ambos partidos hayan optado por girar el timón de sus respectivos barcos a la derecha, la pléyade de medios de comunicación en manos de grupos de poder conservadores y la Iglesia y sus aliados satélites, se frotan las manos ante lo que se supone es la plasmación real del freno, en brusco, a una legislatura caracterizada por avances sociales históricos. Dentro del Partido Popular, el ala que representa a la derecha más rancia de este país, Esperanza Aguirre, los Aznar, Zaplana y Acebes, han logrado hacerse con el control absoluto de los resortes de un partido sin dueño; Rajoy, el pelele al que Aznar eligió [a dedo] queda definitivamente ilegitimado dentro y fuera de su propio partido ante la crónica falta de autoridad de éste. ¿Pretende Rajoy gobernar este país si, ni tan siquiera, es capaz de poner orden en su propia casa? ¿Cuáles serán las tareas de un gobierno en manos de Esperanzas Aguirre, neoconservadora confesa, Acebes [mentiroso patológico] y Zaplana? Ahora, más que nunca, el Partido Socialista debe apostar por un programa de izquierdas en las que, de una vez por todas, se aborden temas de hondo calado social como la reforma de la actual Ley del aborto en supuestos por una ley de plazos; la legalización de la eutanasia activa tomando como ejemplo el modelo holandés; la aprobación de una ley integral contra la homofobia; avanzar en la laicidad estatal vía una normativa que refuerce el carácter aconfesional y laico del Estado Español; incremento drástico del exiguo salario mínimo interprofesional; una fiscalidad justa y progresiva que ejerza una mayor presión sobre las rentas más altas; una moratoria nuclear que termine en el cierre de todas las centrales existentes en España; aplicación total de los principios establecidos en el Protocolo de Kyoto; reforma de la actual Ley Electoral y creación de una circunscripción única nacional; conversión del Senado en una Cámara de representatividad territorial y autonómica; modificación urgente del actual ordenamiento Constitucional… Por salud e higiene democrática, hágannos el favor de girar a la izquierda cuanto antes.

Llevamos un par de días hastiados por la cobertura que los medios han hecho de la [retro]manifestación nacional-católica del pasado 30 de diciembre. La opinión de la Santa Madre Iglesia es, a fin de cuentas, una opinión más entre las muchas que en democracia pueden y deben existir; otra cosa muy distinta es que una opinión de un grupo determinado de la sociedad, y de sus legítimos o ilegítimos representantes, se erija en moral y verdad única. Es una irresponsabilidad suprema, por no decir otra cosa, que la Iglesia católica pretenda imponer a los 40 millones de ciudadanos de este país SU moral, SU modelo de familia y SU concepción [anacrónica] de la vida. La moral de la Santa Madre Iglesia debe ser acatada, única y exclusivamente, por aquellos que se dicen y sienten seguidores de la misma; los representantes de la Iglesia católica, como ya comenté en otro post, ni legislan ni ejecutan leyes; ni se constituyen en parlamentos ni están legitimados por la soberanía popular.

La Iglesia parece haber entrado con fuerza en esta lucha moral absurda que enfrenta a dos concepciones diametralmente opuestas de cómo y de qué manera deben vertebrarse el Estado y sus habitantes. La obsesión por la familia, vista por casi todos como el núcleo fundamental de la sociedad en su conjunto, roza la esquizofrenia. Durante estos últimos tres años la Iglesia y la derecha más rancia han venido augurando la disolución de la familia como institución, aupándola a los confines de lo sacro como si de un mártir se tratara. Han asegurado en infinidad de ocasiones que el matrimonio homosexual, el divorcio express o el aborto atentan contra la lógica natural de la familia. Incapaces de ver un mundo real más allá de su vomitiva estrechez de miras, éstos que se dicen defensores de la familia son los que, a su vez, callan ante la lacra de la violencia machista que su trasnochado discurso ha legitimado durante décadas; callan cuando se conocen casos de niños abusados sexualmente o maltratados sin freno por sus heterosexuales padres; callan cuando, desde sus propias filas, un cura o un obispo viola y se aprovecha de la más repugnante manera de menores de edad; callan cuando un niño es abandonado [por la pareja heterosexual que la concibió] en un contenedor, asfixiado hasta morir o entregado al sistema público para su tutela; callan, a fin de cuentas, cuando los horrores implícitos a esa caduca familia tradicional a la que repetidamente invocan como paradigma del orden social defendible, salen a la luz. Y yo me pregunto, ¿por qué los reunidos aquel 30-D no gritaron contra las lacras que la familia heterosexual engendra?; ¿por qué no gritaron contra los horrores de aquellos que, por el simple hecho de poder concebir naturalmente una vida, destrozan infancias y vidas enteras? ¿Es la homosexualidad la principal amenaza de este modelo familiar en vías de extinción perpetua? ¿No sería hora de mirar hacia las entrañas de ese engendro familiar y destripar, de una vez por todas, las auténticas lacras que amenazan el bienestar de los niños que se crían en ellas?

La Iglesia católica también parece estar en precampaña electoral; de un modo explícito y nada sutil, los prelados españoles han salido a la calle para, entre otras cosas, decir que la única familia natural y sana es la heterosexual bendecida por su institución. La estrechez de miras de aquellos que se visten de negro, dicen ser célibes y predican la “palabra de Dios” es, cuanto menos, surrealista. En el mundo al revés del catolicismo más integrista, la confusión de términos y conceptos es tal, que el vaciado de contenido de ideas como la democracia, la libertad o la igualdad, rozan el absurdo. Y es en este punto donde el mensaje de una Iglesia a la deriva adquiere la forma definitiva con la que se nos presenta; los que dicen ser seguidores de aquel que llegó a afirmar, como máxima, aquello del amaos los unos a los otros como yo os he amado, se dedican a dividir, enfatizar las diferencias y los rechazos hacia todos aquellos que no comulgan con su caduco modelo de vertebración social. El orden católico-integrista es excluyente de base, retrógrado e inmovilista; el mensaje de exclusión de aquellos que dicen ser cristianos es pura bazofia antidemocrática. En el actual ordenamiento constitucional, los planteamientos de la Iglesia española no tienen, ni por asomo, cabida; negar el derecho de todos aquellos que no nos sentimos católicos a formar familias implica coartar la libertad individual de raíz. La persecución de las familias homoparentales, la condena explícita hacia la homosexualidad o los ataques sistemáticos hacia el aborto o el divorcio constituyen una invasión en toda regla en espacios a los que la Iglesia no tiene ni el más mínimo derecho de interferencia; la Iglesia, le pese a quien le pese, no legisla ni ejecuta leyes. El ámbito de influencia de esta institución queda, vía el actual ordenamiento constitucional, restringido a su comunidad de fieles; el resto del cuerpo social, aquel que ni practica ni cree en los dictámenes del catolicismo, no debemos de seguir aguantando los maquiavélicos intentos de ésta por inmiscuirse en nuestras vidas privadas y en nuestro derecho legítimo a formar familias distintas a las concebidas por una institución que funciona como nido de pederastas, reprimidos sexuales y parásitos sociales. La manifestación del pasado 30 de diciembre fue un ataque sistemático contra nuestra libertad y contra los derechos que hemos adquirido en estos últimos cuatro años; fue una muestra de fuerza de una Iglesia en deriva, carente del peso social del que, años atrás llegó a gozar. Ahora, más que nunca, aquellos que dicen ser cristianos pero que odian a todo aquel que es diferente y no viven según sus caducas normas, deberán enfrentarse a la realidad de la España democrática y plural: aquella que hace posible que nuestras familias, las homoparentales y monoparentales, disfrutemos de los mismos derechos y obligaciones que las demás.

El plácido viaje hacia el centro del Partido Socialista va a tener consecuencias en todos los sentidos. Si bien es cierto que este giro derechista puede suponer la captación del voto del centro-izquierda más conservador, las políticas sociales más progresistas se verán afectadas por esta deriva. Mientras que esta legislatura ha estado marcada por una profunda revisión del ordenamiento legal en temas que atañen, fundamentalmente, a los colectivos más vulnerables del sistema, la próxima se presenta, estigmatizada sin aún empezar, como la legislatura de la contención y el miedo. Miedo a los grupos de poder conservadores que operan, con total libertad e impunidad, contra los deseos mayoritarios de la sociedad española; una contención en políticas sociales que implican, de entrada, un giro tan conservador que ni tan siquiera la ampliación de los supuestos de la ley del aborto ni el estudio de la legalización de la eutanasia activa [presentes en el anterior programa electoral de 2004] se abordarán en esta próxima legislatura. Los principales causantes de este brusco freno a las políticas sociales progresistas son el Partido Popular, la Iglesia y un sector conservador del PSOE que, en los últimos tiempos y aprovechando el contexto de crispación artificial creada por la derecha, ha tomado el mando del barco de ZP. Frente a este retroceso sustancial en materia de derechos sociales que representan los dos principales partidos del arco parlamentario, Izquierda Unida ya ha prometido la inclusión de dos propuestas necesarias: la creación de una Ley Integral contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género”, pionera en el mundo, y una ampliación de los supuestos de la actual y obsoleta Ley del aborto. Con la primera, Izquierda Unida pretende tipificar como delito las “declaraciones y acciones manifiestamente homófobas”, con fuertes multas de hasta 10.000 euros; la aplicación de políticas de discriminación positiva, como favorecer políticas de creación de empleo para los y las homosexuales que sufran acoso o discriminación laboral; campañas de sensibilización en cuestiones de sexualidad y género en las escuelas e institutos de toda España. La ampliación de la Ley del aborto, con supuestos nuevos como la “imposibilidad de conciliar la vida familiar o el de un conflicto personal y familiar” constituyen un salto cualitativo importante. Junto a estas propuestas, Izquierda Unida ya ha prometido la inclusión de un proyecto de Ley para legalizar la eutanasia activa y la promoción de medidas para reforzar la laicidad del Estado.

Burlando la censura...

Hay cosas que rallan lo absurdo. La filial de móviles de Deutsche Telekom, T-Mobile, parece haber patentado el color de su logotipo: el magenta. El registro de este color como patente se hizo ya hace unos años y, aunque parezca un sinsentido supremo, existen más multinacionales que ya han registrado colores primarios como marcas de uso exclusivo. Si bien es cierto qe T-Mobile ya ha anunciado que no denunciará a ningún particular que haga uso de su color magenta, en Holanda, los diseñadores gráficos han armado un buen revuelo en la red. Éstos consideran que el registro de colores básicos por empresas constituye un ataque sistemático contra lalibertad del uso de los propios colores. En este caso, Deutsche Telekom se ha apropiado de algo que ni tan siquiera ha creado y, lo que es peor, se ha hecho con los derechos en exclusiva de la explotación y uso de un color primario. ¿Deben los colores pertenecer a las empresas que las utilizan en sus logotipos? ¿Es lícito privatizar, hasta esos extremos, elementos ni tan siquiera creados por las corporaciones?

No es casualidad que el logotipo del blog incluya, entre un modesto paréntesis, el término “estado de excepción”. El último informe de Amnistía Internacional revela que la tortura es una práctica extendida entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; el sistema de incomunicación, por el cual un ciudadano puede estar incomunicado durante un máximo de 13 días en dependencias policiales, de los cuales, durante los 5 primeros días su caso no puede, ni tan siquiera, ser llevado ante un juez, implica una merma sustancial de los derechos humanos básicos desde una óptica legal. Así, basándose en meras sospechas, la policía puede entrar en tu casa, llevarte a un calabozo y aplicarte la defenestrada ley antiterrorista; incomunicado, sin derecho al habeas corpus y en manos de unos seres irracionales que se dicen agentes de la ley, la tortura y los malos tratos de todo tipo son algo más que una escalofriante realidad.

En conexión con este monstruoso paréntesis legal, el Estado español parece haber dado un salto cualitativo en la desintegración, de facto, del sistema judicial. A través de ese tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional, el sistema parece haber logrado lo imposible: condenar a ciudadanos por delito de pertenencia a banda armada sin prueba alguna. Así, a través del macrosumario del 18/98, por el cual más de medio centenar de ciudadanos vascos ligados, de una u otra forma, al movimiento independentista, han sido enjuiciados como presuntos terroristas, es decir, miembros de ETA. Ahora bien, el juicio ha estado plagado de todo tipo de irregularidades difíciles de entender; desde los exabruptos de la presidenta del Tribual, Ángela Murillo, no permitió que la defensa de los acusados pudiera tener acceso a las diligencias previas por el cual estaban siendo procesados. Es decir, mientras que la fiscalía del Estado había tenido acceso dos años antes de iniciarse el juicio a estas diligencias previas, para argumentar bien su estrategia, la defensa de los procesados no pudo, hasta bien empezado el juicio, y tras una lucha en la que la presidenta del Tribunal tuvo que ceder a las presiones de todos los ámbitos de la justicia, tener acceso a la base del sumario 18/98. La susodicha, llegó en un momento del juicio a decir, textualmente, que las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no le importaban lo más mínimo; mandaba a callar con malas formas a los abogados de la defensa y a los propios procesados, en un alarde de despotismo de una indecencia suprema. Algunos de los procesados sufrieron torturas y malos tratos a manos de los guardias civiles que los detuvieron, y lo que es peor, dos de esos mismos torturadores acudieron como peritos para testificar ante el Tribunal, en un derroche de surrealismo judicial sin parangón. Este juicio sin las garantías procesales mínimas no podría, ni por asomo, terminar bien; así, los acusados en lugar de ser citados en el Tribunal para darles a conocer su sentencia, han sido detenidos en distintas redadas, sin previamente haber tenido acceso ni conocimiento a su condena; una condena, que ni tan siquiera, se ha hecho pública aún hoy. Ello implica que se ha encarcelado a unos ciudadanos, considerados por el Tribunal de Excepción como terroristas, sin estos haber sido informados de su condición de condenados; inédito.

Estos ciudadanos vascos han sido condenados no por haber cometido unos hechos considerados delictivos [como podría ser un atentado o la colaboración probada con comandos etarras], sino por unas supuestas coincidencias estratégicas con la banda terrorista ETA. Estos ciudadanos no son condenados por hechos delictivos probados, sino por suposiciones que implican que éstos, por coincidir en sus fines con ETA [pero jamás en sus medios], son parte implícita del mundo pro-etarra. Así, el Estado y su sistema judicial de excepción han impuesto una relectura inconstitucional de los procedimientos jurídicos: no hace falta contar con prueba fehaciente alguna para procesar y condenar a un ciudadano por pertenencia a banda armada, por ejemplo; basta con meras suposiciones, sin prueba alguna, para proceder a culpar a alguien de un delito tan serio. El recorte de libertades es tal, que el estado de excepción [ya, de iure] ni tan siquiera es criticado abiertamente por aquellas fuerzas que se dicen de izquierdas [con la salvedad de Izquierda Unida]. En el macrosumario 18/98+ no se están condenado a etarras ni a pistoleros; se están ilegalizando ideas por el mero hecho de suponer una amenaza al caduco orden constitucional español ahora vigente. Hay que decirlo alto y claro: la ilegalización de ideas y sentimientos, estemos o no de acuerdo con ellos, no son conductas democráticas plausibles, como bien defienden socialistas y populares; son atentados directos y explícitos contra nuestro sistema de libertades: son la reafirmación y la muestra de que el estado de excepción es una realidad tangible y auténtica, una aberración inasumible por los demócratas.

más información:

http://www.ehwatch.org/

Los niveles de crispación social están empezando a socavar los fundamentos mismos del ya despiezado estado de derecho. Desde que los socialistas accedieran al gobierno de la nación, un sector importante de la derecha y de lo que está más allá de ella [la derecha ultramontana], se ha dedicado a cuestionar un día sí y otro también los resultados electorales de aquel 14-M. Profundamente resentidos con el acceso al poder de la izquierda más tibia y derechista del panorama electoral, la caverna mediática y política ha emprendido en sólo cuatro años un viaje sin retorno a los límites mismos de lo políticamente correcto y tolerable. Como si de una moda más se tratara, lo “retro” [políticamente hablando] se ha instalado como un discurso mayoritariamente apoyado por sectores de la población incapaces de asumir los últimos avances de esta legislatura. Ayer tuvimos la ocasión de presenciar, escandalizados, las maneras que se gastan aquellos que no creen ni en la democracia ni en el sistema de libertades. Un grupo de individuos de extrema derecha [dicen en la blogosfera que son elementos del ultra Frente Nacional] terminó reventando, a grito limpio, una concentración de repulsa de todos los grupos políticos madrileños contra el último atentado de los asesinos de siempre. Pedro Zerolo, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, fue blanco del odio de un puñado de viejos fascistas que, al grito de “maricón” y “maricona” obligaron a éste a abandonar la concentración. Los cavernarios allí congregados dedicaron otras perlas insultantes contra el Presidente del Gobierno, el Ministro de Interior y todo socialista “rompe-Españas” que se les viniera a sus enfermas cabezas. Lo peor de todo es que estos fascistas son los mismos que, sin sonrojarse, apoyan la campaña en defensa de la “libertad de expresión” del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo [véase filial social del Partido Popular], acusado por injurias al Presidente del Gobierno. Es intolerable que aún no tengamos una Ley Integral contra la Homofobia que tipifique y castigue como delito cualquier tipo de actitud violenta [discursiva o física] contra los homosexuales. Mientras estos imbéciles retrógrados, fascistas de toda la vida, sigan atentando verbalmente contra la dignidad de todos aquellos que no comparten su caduco modelo discursivo, y mientras sus insultos y odio no estén penados por ley, poco o nada podremos hacer contra ellos.

Corren malos tiempos para nuestras libertades. Desde la caída de las torres de la codicia, símbolos inequívocos del poder imperial y, de lo que es aún más real, del poder del capital occidental, el mundo vive una convulsión cuyo final es difícil de predecir en estos momentos. En aras de la seguridad y la lucha contra el terror global de los fanatismos de ambos extremos, los estados-nación del siglo XXI, o lo que queda de los mismos, han emprendido la titánica labor de poner fin a los estados del bienestar keynesianos, desmantelando, uno a uno, las conquistas sociales que nos definen como humanos. El aparato teórico-discursivo utilizado es el neoliberalismo, cuyo auge y consolidación asustan a buena parte de la izquierda democrática y radical que cree en el proyecto de convivencia diseñado tras la primera de las grandes crisis del capitalismo occidental. Las leyes antiterroristas ahora vigentes, rediseñadas a partir de los ataques del 11-S, constituyen un engendro legal difícilmente compatible con un sistema de libertades como el que, en estos días, la clase política dice defender. Los mismos que cercenan nuestros derechos, ilegalizan ideas y gestionan, en aras de un bien gremial [de aquellos próximos al poder o que lo detentan], lo público, son los que pretenden presentarse a sí mismos como defensores del sistema de libertades y derechos que, poco a poco, desmantelan. El giro hacia la derecha del Partido Socialista, dejándose arrastrar por la marea neoliberal y ultraderechista de buena parte del Partido Popular y de los sectores más a la derecha de éste, es un buen ejemplo de la degradación progresiva de la vida política e institucional en este país. Los recursos presentados por la derecha española contra leyes tan importantes, desde un punto de vista social y de libertades básicas, como la ley de matrimonios homosexuales, constituyen una amenaza grave y explícita contra los indudables avances logrados en esta última legislatura. El estado de excepción de facto que en estos momentos estamos sufriendo, podría agravarse en los próximos meses a medida que la contienda electoral se acerque. La presión desde la izquierda sobre un PSOE al borde del precipicio derechista es una necesidad, como lo es una participación masiva de los elementos de izquierda en la próxima cita electoral. Cierto es que la democracia que nosotros ansiamos, la verdaderamente participativa y radical, es una quimera inalcanzable en estos momentos; pero una exclusión voluntaria de la participación en la próxima contienda implica, de una u otra manera, ceder terreno a aquellos que no creen ni en las libertades ni en nuestros derechos. Necesitamos lograr una mayoría social suficiente para reformar, de una vez por todas, esa caduca y rancia Constitución, que en nada responde a las necesidades de la España del siglo XXI y de los jóvenes de hoy. Necesitamos reforzar una mayoría de izquierdas capaz de plantarle cara a la jauría eclesiástica, la misma que estos días anda diciendo que la historia de la humanidad se torció con la Revolución Francesa, y a la caverna tradicionalista y derechista que jamás ha creído en la democracia. Hoy, más que nunca, la lucha contra el estado de excepción impuesto por los que detentan el poder: socialistas y populares, banqueros y grandes corporaciones, es una necesidad y una prioridad para los que creemos en el proyecto de la democracia radical. El rediseño del logotipo de la web es una muestra de esta preocupación personal: con la democracia y, sobre todo, con nuestros derechos no se juega.

Izquierda Unida es la única formación política de ámbito estatal pionera en la defensa de la diversidad afectivo-sexual. Fue la primera formación en incluir en un programa electoral la reivindicación de legalizar las bodas entre personas del mismo sexo; fueron los únicos en apoyar la equiparación, en el plano legal, de los derechos de aquellos que, por norma, hemos sido excluidos del sistema, en tiempos en los que los armarios aún andaban repletos de seres humanos discursiva y socialmente sumidos en las profundidades de lo abyecto. La beligerancia de la coalición de izquierdas en estos puntos sensibles ha posibilitado que España ocupe, junto a cinco estados más, la vanguardia internacional por la normalización de las sexualidades no-normativas. La lucha por la normalización no puede ni debe circunscribirse a las victorias legales que en la presente legislatura, junto con el apoyo del actual gobierno y los restantes partidos del arco parlamentario [exceptuando a los de siempre], hemos logrado. La homosexualidad sigue siendo un tabú en el trabajo, la escuela, el instituto, la universidad o el propio núcleo familiar. La visibilidad seguirá siendo una quimera mientras la homofobia y la intransigencia de los de siempre no nos permitan vivir en paz. El miedo a la agresión física, al insulto o al desprecio, siguen condicionando los comportamientos públicos de los homosexuales; mientras que una pareja de hombres o de mujeres cogidos de la mano, besándose o abrazados en cualquier espacio público siga atrayendo miradas indiscretas, sorpresivas o de asco, la plena equiparación legal no repercutirá en la vida diaria de aquellos que nos sentimos heterosexuales. Por ello, Izquierda Unida ha presentado una propuesta no de ley para establecer un plan escolar para la educación en los valores de la tolerancia y el respeto a la diversidad afectivo-sexual existente, y para combatir la homofobia. Entre las medidas recogidas en esta propuesta se encuentra la facilitación del acceso de los centros escolares a materiales relacionados con la diversidad afectivo-sexual; la inclusión en los departamentos de orientación del alumnado de profesionales formados en cuestiones afectivo-sexuales; la consolidación de campañas de concienciación en el día mundial de lucha contra el VIH-SIDA y en el día contra la discriminación por motivos de orientación sexual. Además, Izquierda Unida pide la creación de un Observatorio Estatal sobre el tratamiento de la diversidad afectivo-sexual en la escuela y la incorporación de representantes de los colectivos LGTIB al Consejo Escolar del Estado. Sólo mediante la educación lograremos la tolerancia que desde hace años venimos reclamando todos aquellos que, directa o indirectamente, nos sentimos acosados por una homofobia que sólo podremos combatir con la ley y la educación en la mano.

Ayer supimos que el actual coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, será el candidato de la formación de izquierdas para las próximas elecciones generales de 2008. A través de unas primarias celebradas por primera vez en los 21 años de existencia de la coalición, los cerca de 50.000 afiliados han decidido por mayoría respaldar a la actual dirección. Los intentos del Partido Comunista de España [PCE] por tomar las riendas del poder perdido en el seno de la coalición parecen haber fracasado, ya que su candidata, Marga Sanz, tuvo que conformarse con cerca de un 37% de los votos emitidos. La crisis que arrastra IU, desde su desplome electoral en 2000, es un hecho para todos los que, de una u otra manera, apoyamos a esta formación. Por un lado, existe una corriente numerosa de afiliados y simpatizantes que cuestionan la necesidad de seguir anclados en el mensaje caduco del PCE; somos los que, junto al actual coordinador, hemos apoyado la refundación de IU en un partido de izquierdas alejado de los orígenes mismos de la formación. Apostamos por el ecosocialismo y por lo que algunos han denominado la “nueva izquierda”: aquella alejada de los postulados marxistas tan alejados de la realidad sociopolítica actual. El mundo global, el mundo de la hegemonía del Imperio y del neoliberalismo, exige de nuevas formas de oposición discursiva; el socialismo clásico de corte marxista, le pese a quien le pese, ha quedado más que obsoleto. Los retos del presente siglo exigen la refundación de todos los antiguos partidos de izquierda vinculados, de una u otra forma, a los aparatos de los partidos comunistas europeos. Izquierda Unida ha apostado por un giro ecosocialista desde que, en las elecciones generales de 2000, el actual secretario general del PCE [Francisco Frutos] condenara a IU a la crisis perpetua estableciendo un pacto electoral con el PSOE. Ahora son ellos, los que pactaron con el PSOE hace cerca de 8 años, los que critican un supuesto colaboracionismo excesivo de IU con el PSOE; los que, sin caérseles la cara de vergüenza, aseguran que IU ha perdido toda su identidad apoyando, casi sin fisuras, la labor del actual gobierno. Ahora bien, a estas ratas comunistas, amnésicas como pocas, hay que recordarles que fueron ellos, exclusivamente ellos, los que hundieron el barco de la coalición. La actual dirección de Izquierda Unida ha logrado impedir, en la medida de lo posible, la “derechización” del PSOE. Con el apoyo explícito de IU, hemos logrado avanzar en materia de derechos sociales lo que hasta hace tan sólo 10 años era una quimera. Muchas iniciativas que ahora son leyes, fueron propuestas con anterioridad por IU. Ahora, gracias al trabajo de los compañerxs de la coalición podemos hablar de matrimonio entre personas del mismo sexo; de una criticable ley para la memoria histórica; de una ley de dependencia; de una ley de igualdad… La nueva refundación de IU es una necesidad de primer orden. Los que creemos en el proyecto de la coalición sabemos que sólo un giro unitario hacia el ecosocialismo y la “nueva izquierda” son las vías válidas para mantener nuestra presión en el sistema monárquico parlamentario. Esto, unido a una refundación total en el ideario republicano son las bases por las cuales Izquierda Unida debe apostar. Olvidémonos de los lastres del pasado, de las ataduras a un PCE moribundo y de las ideologías totalitarias. Apostemos por el futuro y por nuestra condición de izquierdistas, ecosocialistas, tolerantes y republicanos. Apostemos por IU, la única formación de izquierdas estatal capaz de plantarle cara a la derecha y a la socialdemocracia tibia de las alimañas del PSOE. Adelante Gaspar; adelante IU.

Yo siempre me opuse a la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio [más conocida como “ley de partidos”], un engendro jurídico con el que los poderosos pueden ilegalizar no sólo partidos políticos concretos, sino criminalizar y defenestrar ideales políticos y movimientos sociales que reten los modelos discursivos imperantes. Ahora bien, la “ley de partidos” existe, y lo que es peor aún, se aplicó para ilegalizar un partido político concreto: Batasuna. Estemos o no de acuerdo con las ideas y las formas de la izquierda radical vasca [yo no lo estoy], la existencia misma de un grupo político que aglutina a más de 100.000 votos implica que éste representa a un sector importante de la sociedad vasca. La ilegalización de dicha formación supuso, al menos en un plano teórico, la exclusión de esa parte de la ciudadanía del sistema democrático. Los motivos que llevaron a la ilegalización de Batasuna son de todos conocidos: el apoyo implícito de la violencia etarra [aunque jamás explícito] y el doble juego que, en teoría, los miembros de Batasuna desarrollaron entre el plano de la lucha armada y la lucha política. Esto, a todas luces, supone un motivo básico para la ilegalización de la formación, al menos con la “ley de partidos” en la mano. Ahora bien, si nos detenemos un momento a leer el contenido mismo de la Ley Orgánica ya citada, caeremos en la cuenta de que existen más motivos, según los cuales, se puede proceder a la ilegalización de formaciones político-sociales que atenten contra las normas básicas de la convivencia democrática:

El objetivo [se sobreentiende que de la ley] es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen […] de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas”

Así pues, la ley explicita claramente que los motivos por los cuales una formación puede ser ilegalizada trascienden, de entrada, los marcos del terrorismo. Aquellos grupos que hagan defensa de ideales que pongan en peligro la convivencia democrática, esto es, grupos que hagan apología del racismo o la xenofobia o que vulneren las libertades básicas del resto de ciudadanos, pueden ser ilegalizados con la ley en la mano.

Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:

a. Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.

Tras lo sucedido este fin de semana en Madrid, cuando un militar de 24 años asesinó sin mediar palabras a un menor de 16 años antifascista, de camino a una manifestación xenófoba de Democracia Nacional [partido de ultraderechas que, entre otras cosas, defiende una política inmigratoria restrictiva y marcadamente racista junto con tesis explícitamente homofóbicas], creo que hay que actuar con contundencia. Si la ley se aplicó al caso de Batasuna, y tras una lectura más o menos detenida de la misma, existen motivos suficientes para ilegalizar a estos grupos: empezando por Democracia Nacional y terminando por Falange o España 2000, redes y grupos que dan cobijo a neonazis de todo tipo, franquistas, fascistas y elementos de extrema derecha cuyos valores [si es que pueden denominarse así] atentan directamente contra el sistema de convivencia democrático. Al fascismo y al terrorismo hay que combatirlos con las ideas en la mano, con el convencimiento de que el sistema democrático posee las armas discursivas suficientes para hacer frente al reto de los intolerantes, de los totalitarios. Pero si la ley fue aplicada para un grupo que propugnaba la violencia y la intolerancia como formas de lucha y objetivos a cumplir, las redes y grupos de ultraderecha deberán enfrentarse al mismo proceso. De lo contrario, el sistema estará utilizando una doble vara de medir que sólo fortalecerá a los radicales de ambos bandos, en detrimento de aquellos que creemos que los cauces por los cuales han de defenderse las ideas que quepan en el sistema democrático [la xenofobia, la homofobia o el terrorismo no tienen cabida alguna] son exclusivamente discursivos.

En la guerra global contra el terror todo parece valer: desde bombardear poblados habitados por civiles inocentes hasta apoyar regímenes crueles que se pasan por donde mejor saben los derechos humanos. La guerra global institucionalizada por el Imperio es una aberración en todos los sentidos, desde una perspectiva moral como desde una objetivamente jurídica. El campo de concentración de Guantánamo, un limbo legal donde se tortura y retiene, sin cargos, a cientos de presuntos yihadistas, es el máximo exponente de la arbitrariedad jurídica de la guerra imperial. Pero si hacemos una profunda reflexión en torno a los orígenes de esta confrontación planetaria, a la génesis misma de la guerra contra el terror [war on terror], podemos hacer inferencias básicas en torno a las motivaciones principales de la misma. Los cabecillas de esta guerra global se escudan constantemente en la necesidad de defender la democracia y los derechos humanos ahí donde estos aún son una quimera inalcanzable. Así, nos justificaron la invasión de Irak y el derrocamiento de su tirano [apoyado, en su momento, por el Imperio] o incluso, en los inicios de la propia guerra global, nos vendieron la necesidad de derrocar el salvaje régimen de los mulás afganos e instaurar una democracia en las imposibles tierras del Afganistán bélico. Pero la guerra global contra el terror [se sobreentiende que islámico-yihadista] dista de ser una guerra por la democracia y la libertad; ¿acaso la guerra y la democracia pueden ser considerados elementos convergentes? ¿No es la guerra el fracaso último de cualquier sistema democrático? Los instigadores de la guerra global así no lo creen. Emulando a los primeros que hicieron del liberalismo una bandera para ocupar y someter naciones [nos referimos a las tropas napoleónicas y sus campañas para extender el liberalismo fuera de las fronteras de la Francia revolucionaria], Bush nos presenta a los ejércitos de Estados Unidos y sus aliados como una suerte de coalición napoleónica, cuyo principal cometido es la extensión de un modo de entender el mundo muy concreto. Pero a diferencia de Napoleón, el mundo al que se enfrentan las tropas de Bush es radicalmente distinto a aquel al que debió enfrentarse la Francia revolucionaria. Y por ello, la guerra global contra el terror sabe perfectamente que la victoria final [si es que ésta puede darse] ha de asentarse sobre premisas que excluyen, directamente, cualquier sentido democrático que pretenda inferirse a esta lucha. Así, Guntánamo tiene su lógica existencial si la analizamos como un soporte más [ni democrático ni legal] de la guerra global. Y si seguimos esta lógica deductiva, que nos conduce a las verdaderas motivaciones de la guerra imperial y a las auténticas bases intelectuales e ideológicas de la misma, seremos capaces de entender [pero no de apoyar] por qué el Imperio es capaz de apoyar regímenes aberrantes como el de Arabia Saudita o Pakistán en aras de la democratización de otras naciones que en poco, o nada, se diferencian de las dos anteriores. Para el Imperio, tanto la Arabia de la dinastía Saud, como el Pakistán de los generales de Musharraf son aliados estratégicos y clave en la lucha contra el terror. Pasando por alto y obviando, descaradamente, que ambos países albergan auténticos nidos de ratas yihadistas, o que el propio origen del cabecilla de Al-Qaeda es de origen saudí, el Imperio ha sido capaz de rearticular el discurso para incorporar a esta lucha a naciones antagónicas con los propios principios que se dicen defender. ¿Cómo podemos considerar que Arabia Saudí, un país en el que se lapida a las mujeres y se condena a muerte y/o a miles de latigazos a los homosexuales, sea uno de los aliados en esta lucha global contra el terror? ¿Es que acaso un país en el que impere un sistema absolutista monárquico, en el que no existe ni tan siquiera un régimen representativo embrionario o primitivo, puede ser considerado un aliado de la democracia y la libertad? ¿Realmente cree el Imperio y todos aquellos que dan cobertura a esta guerra global ilegal y esperpéntica [véase derecha española, por ejemplo] que este planeta está habitado por simios en lugar de seres humanos con valores? ¿Realmente vale todo en esta guerra global, ilegítima e ilegal contra el terror islamista radical, cuando, en el seno de la coalición, tenemos países cuya radicalidad islámica aboga por la lapidación de mujeres adúlteras y de cualquier homosexual?

El juicio al mayor atentado terrorista de nuestra historia tiene un veredicto, firme y taxativo, por el que, definitivamente, cualquier posible [y mentirosa] duda sobre la autoría del mismo queda despejada. Una célula islámica de carácter yihadista fue la autora material de la voladura de los trenes de cercanías madrileños, compuesta por los siete terroristas autoinmolados en Leganés y los considerados culpables en este juicio. A estos se une el minero asturiano, el “preso de conciencia de la derecha española”, Suárez Trashorras [que en su momento llegó a recibir el apoyo moral y material del periódico El Mundo], culpable de haber suministrado la dinamita extraída de Mina Conchita a los terroristas. El supuesto autor intelectual de la matanza, Rabei Osman el Sabed, El Egipcio ha quedado absuelto. Los conspiranoicos ya tienen un nuevo clavo ardiendo al que agarrarse, y como era de esperar, el diario El Mundo ya lidera la nueva estrategia de la derecha. ¿Acaso es necesario un instigador intelectual para una matanza de tal calibre? ¿No basta con el fanatismo de los mismos que cometieron el atentado? ¿No fueron el tunecino y el chino los principales inspiradores y artífices de la matanza? El hecho de que estén muertos imposibilita cualquier aplicación de justicia terrenal. Y aún así, ¿no podría ser considerado Bin Laden como el mayor ideólogo e instigador de atentados yihadistas de medio planeta, incluido el de Madrid? Los autores materiales condenados [sin tener en cuenta a los suicidas de Leganés] son Jamal Zougam y Otman El Gnaoui, condenados ambos a más de 40.000 años de prisión. Las restantes condenadas son por integración en banda armada y organización terrorista. Así se cierre un capítulo judicial único en el nuevo contexto global impuesto por la violencia extrema yihadista y la deriva del Imperio. España es el único país que ha sufrido un atentado de estas características y cuyo sistema judicial ha podido, con una celeridad y una organización sorprendente, impartir justicia y condenar a los responsables de tal atrocidad. Otra cosa es que la rancia derecha y sus voceros mediáticos acaten la sentencia, sigan insultando y riéndose de las víctimas y opten por darle un nuevo aspecto a la conspiración que ya pusieron en marcha hace más de tres años; la deriva de esta impresentable derecha se nos presenta, así, imparable.

El terror ciego de aquellos encomendados en cuerpo y alma a la violencia no tiene límites, y eso, por desgracia, lo saben muy bien los familiares y amigos de los 191 muertos y de los más de 1.800 heridos en el mayor y más sanguinario ataque terrorista de nuestra historia. Aquella mañana de marzo la violencia monoteísta hacía saltar por los aires trenes de cercanías repletos de estudiantes y trabajadores; de españoles, sudamericanos, europeos y africanos; de seres humanos, al fin y al cabo, inocentes. La escoria implicada en esta barbarie, la que prestó el apoyo material para realizar el atentado, la que ideológicamente inspiró a los asesinos y los propios autores materiales, ha corrido distinta suerte. Los cobardes de Leganés se autoinmolaron cuando se vieron acorralados; otro permanece en paradero desconocido; los restantes esperan, entre rejas, el veredicto del más importante juicio de nuestro tiempo. Mañana seremos testigos de que, a pesar de los bulos, las teorías conspirativas, los insultos y las mentiras y patrañas de esta execrable derecha y sus voceros mediáticos, la justicia existe. Desde este blog deseamos que el peso de la ley caiga como una pesada losa sobre los implicados en esta barbarie. Sabemos que la justicia no puede ser aplicada a los muertos, a los cobardes suicidas de Leganés que autoinmolándose escaparon al veredicto terrenal. A los asesinos que aquella tarde saltaron por los aires, integristas y fanáticos religiosos del Dios único y verdadero, les deseamos que su hipotética y poco probable justicia divina les castigue a su manera. Por último mostrar mi más absoluto respeto y solidaridad con todas y cada una de las víctimas de esta repugnante barbarie: a las madres, a los padres, a los hermanos, a los novios y novias, a los amigos y conocidos de todos y cada uno de aquellos que perdieron su vida en aquellos trenes; a los que tuvieron que pagar, con sus propias vidas, la irresponsabilidad de una clase política inmoral; a los que dieron su vida, sin quererlo, por una guerra que no les concernía; justicia y dignidad para las víctimas.

Estos días hemos tenido que soportar una serie de ataques sistemáticos [¿y coordinados?] de determinados sectores eclesiásticos y de grupos afines al Vaticano contra todo aquello que consideran “inmoral” y “repugnante”, ergo, todo aquello que se aleja de su catequismo medieval. Ayer criticaba duramente la politización de la macro-beatificación de los “mártires de la República y la guerra civil”, sin haberme enterado aún de un dato clave de dicha ceremonia: la homilía. Al parecer, el encubridor de pederastas de turno [el cardenal portugués Saraiva Martins] dedicó una serie de ataques directos contra la política del actual gobierno socialista, entre las que hay que destacar esta, la de que los creyentes están destinados a:

[...] defender la dignidad de la persona, la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la familia fundada en la unión matrimonial una e indisoluble entre un hombre y una mujer, el derecho y el deber primario de los padres en lo que se refiere a la educación de los hijos.

La constante intromisión del Vaticano en la política interna de una nación soberana y laica, como supuestamente lo es España, es un insulto directo al sistema democrático. La Iglesia parece no cansarse jamás de imponernos su caduco ideario social, eso sí, mirando hacia otro lado cuando la corrupción y la perversión sexual [véase pederastia] campa a sus anchas en sus iglesias, confesionarios y seminarios. Resulta intolerable que esta institución, cuyos casos de pederastia y abuso de menores son innegables, pretenda erigirse en adalid y defensor de la moralidad en un mundo carente de valores. ¿De qué valores nos está hablando el cardenal de turno? ¿De los valores de los sacerdotes españoles de la guerra civil y la dictadura con el brazo derecho alzado? ¿De los sacerdotes que violan a niños inocentes y que escapan de la justicia divina, y lo que es aún peor, de la terrenal vía el pago de millonarias sumas de dinero? ¿De los valores del odio y el rencor que a diario lanzan los prelados contra los homosexuales de medio mundo? ¿O es que la Iglesia aún no se ha percatado que los millones de homosexuales que pueblan el mundo no han elegido, en la mayoría de los casos, su sexualidad? ¿Realmente es posible elegir ser homosexual en países como Irán, Arabia Saudita, Egipto o Polonia? ¿No somos todos, según estos iluminados esquizofrénicos, obra de un Dios único y perfecto? ¿O es que los homosexuales somos las piezas degeneradas de la imperfecta construcción divina de lo terreno? La campaña institucional de la foto es del gobierno de la Toscana [Italia] y lo ejemplifica muy bien: nosotros no hemos elegido querer a alguien de nuestro mismo sexo; nosotros no elegimos ser gay, lesbianas, transgénero, bisexuales o intersexuales, ya que si pudiéramos elegir muchos optaríamos por lo más fácil. Nosotros nacimos así, o al menos yo lo hice, y por ello pido que se me respete y que se me deje de vejar desde los púlpitos y las basílicas de esta “siempre santa” [y pederasta y pervertida] Iglesia católica.

pd: text de la foto en italiano: "la orientación sexual no es una elección".

Myanmar ya no es noticia, directamente ya no interesa. El morbo inicial de una revuelta que inevitablemente terminaría convirtiéndose en una sangría humana, ha dado paso a un desinterés inmoral. A través del blog Desde el Exilio, me encuentro con este impactante documental con imágenes inéditas de la salvaje represión en la antigua Birmania. Mientras todos miramos hacia otro lado, en Myanmar más de 50 millones de seres humanos viven encarcelados en un país-prisión gobernado por una Junta apoyada directamente por el igual de asesino régimen chino.