Xerach F. Smeding

Era de esperar que la respuesta de Pekín al alzamiento tibetano fuera la agudización de las llamadas políticas de mano dura. El oficial Diario del Tíbet afirma que las autoridades chinas han instado a su leal gobierno autónomo a tomar medidas en todos los monasterios y centros religiosos del Tíbet. Hasta la fecha sabemos que las llamadas campañas de “reeducación patriótica” se circunscribían a los monasterios más importantes y a aquellos centros más rebeldes a las políticas radicales chinas. Las campañas consistían en el envío de grupos de trabajo que, a la fuerza y bajo una violencia coercitiva implícita, obligaban a los monjes a participar en sesiones de adoctrinamiento en los valores socialistas: la negación del derecho de los tibetanos a ser independientes, repetir hasta la saciedad la integración del Tíbet en la madre patria china y la denuncia explícita al Dalai Lama. Aquellos monjes que, o bien se negaran a participar en las sesiones o se negaran a repetir como loros las proclamas, corrían el riesgo de ser expulsados del monasterio [incluyéndolos en una lista negra que les prohibiría el acceso a cualquier centro monástico del Tíbet] o sufrir torturas y malos tratos en dependencias policiales. Desde 2001 las organizaciones de derechos humanos han podido constatar un recrudecimiento salvaje de estas sesiones de reeducación en muchos centros monásticos tibetanos; de hecho, al menos en los más importantes, el gobierno chino llegó a instalar permanentemente grupos de trabajo cuya principal función, además del adoctrinamiento masivo, era la vigilancia de los centros, y con ello, la represión de cualquier conato de insurrección. Los expertos aseguran que las políticas de reeducación son el principal caldo de cultivo de las protestas que, como las iniciadas el 10 de marzo, provocan el estallido de los monjes acosados por los grupos de trabajo del gobierno. El fracaso de estas represivas políticas ha podido ser constatado en innumerables ocasiones: no existe ni un solo líder espiritual tibetano de importancia [a excepción del Panchen Lama elegido ilegalmente por los chinos] presente en el Tíbet, todos se encuentran en el exilio. Las protestas en los monasterios se han incrementado a partir de 2003 de una manera significativa, y lo que es aún más significativo, los actos de protesta en las calles protagonizadas por civiles no han parado de crecer desde 2006. Que la respuesta de China al alzamiento de los tibetanos sea más mano dura, más adoctrinamiento y más opresión, evidencia la total falta de compromiso político del gigante rojo con el insurrecto Tíbet. Evidencia que la vía elegida por los jerarcas de Pekín es la misma que llevan aplicando en el Tíbet desde su invasión en 1951; es la cruel historia de siempre: cualquier aspiración de los tibetanos, por pacífica que sea, será reprimida con todos los medios coercitivos de los que dispone el Estado chino. ¿Cuál será la respuesta del inmoral occidente a la respuesta opresiva del régimen chino?

Llevamos un par de días hastiados por la cobertura que los medios han hecho de la [retro]manifestación nacional-católica del pasado 30 de diciembre. La opinión de la Santa Madre Iglesia es, a fin de cuentas, una opinión más entre las muchas que en democracia pueden y deben existir; otra cosa muy distinta es que una opinión de un grupo determinado de la sociedad, y de sus legítimos o ilegítimos representantes, se erija en moral y verdad única. Es una irresponsabilidad suprema, por no decir otra cosa, que la Iglesia católica pretenda imponer a los 40 millones de ciudadanos de este país SU moral, SU modelo de familia y SU concepción [anacrónica] de la vida. La moral de la Santa Madre Iglesia debe ser acatada, única y exclusivamente, por aquellos que se dicen y sienten seguidores de la misma; los representantes de la Iglesia católica, como ya comenté en otro post, ni legislan ni ejecutan leyes; ni se constituyen en parlamentos ni están legitimados por la soberanía popular.

La Iglesia parece haber entrado con fuerza en esta lucha moral absurda que enfrenta a dos concepciones diametralmente opuestas de cómo y de qué manera deben vertebrarse el Estado y sus habitantes. La obsesión por la familia, vista por casi todos como el núcleo fundamental de la sociedad en su conjunto, roza la esquizofrenia. Durante estos últimos tres años la Iglesia y la derecha más rancia han venido augurando la disolución de la familia como institución, aupándola a los confines de lo sacro como si de un mártir se tratara. Han asegurado en infinidad de ocasiones que el matrimonio homosexual, el divorcio express o el aborto atentan contra la lógica natural de la familia. Incapaces de ver un mundo real más allá de su vomitiva estrechez de miras, éstos que se dicen defensores de la familia son los que, a su vez, callan ante la lacra de la violencia machista que su trasnochado discurso ha legitimado durante décadas; callan cuando se conocen casos de niños abusados sexualmente o maltratados sin freno por sus heterosexuales padres; callan cuando, desde sus propias filas, un cura o un obispo viola y se aprovecha de la más repugnante manera de menores de edad; callan cuando un niño es abandonado [por la pareja heterosexual que la concibió] en un contenedor, asfixiado hasta morir o entregado al sistema público para su tutela; callan, a fin de cuentas, cuando los horrores implícitos a esa caduca familia tradicional a la que repetidamente invocan como paradigma del orden social defendible, salen a la luz. Y yo me pregunto, ¿por qué los reunidos aquel 30-D no gritaron contra las lacras que la familia heterosexual engendra?; ¿por qué no gritaron contra los horrores de aquellos que, por el simple hecho de poder concebir naturalmente una vida, destrozan infancias y vidas enteras? ¿Es la homosexualidad la principal amenaza de este modelo familiar en vías de extinción perpetua? ¿No sería hora de mirar hacia las entrañas de ese engendro familiar y destripar, de una vez por todas, las auténticas lacras que amenazan el bienestar de los niños que se crían en ellas?

Los dilemas éticos y morales en torno a cuestiones tan difíciles de abordar como los límites de la libertad de expresión o la idoneidad de la censura en aquellos casos en los que se vulneren los derechos de otros, se presentan cada dos por tres. Ahora bien, dependiendo del bando ideológico en el que se milite uno podría considerar la aplicación de la censura como una medida necesaria ante casos de vulneración de la intimidad, la dignidad u otros derechos básicos de aquel o aquella al que se hace referencia. Así, los musulmanes de medio mundo clamaban al cielo cuando se publicaron aquellas viñetas del Profeta a imagen y semejanza de un terrorista suicida [con el agravante, para ellos, de que las representaciones del Profeta y Alá están prohibidas]. Por el contrario, aquellos que se decían liberales y demócratas clamaban al cielo opuesto, agarrándose a conceptos tan sagrados como la libertad de expresión o de conciencia para defender la publicación de aquellas imágenes. Entre estos “defensores de la libertad” estaban muchos de los elementos que integran la “horda cavernaria” de derechas, católicos confesos en su mayoría y profundamente “islamófobos”.

Pues bien, leo hoy que en una antigua iglesia de la isla de Ibiza se ha montado una exposición colectiva titulada “Vamos a Ibiza”; una de las obras expuestas es un triple collage en el que, entre otras cosas, aparece el difunto ultraderechista papa Juan Pablo II en actitud pasiva y sodomizado por otro hombre. También aparecen varios elementos de la iconografía católica entremezclados con escenas de sexo homosexual explícito. Si bien es cierto que la calidad artística de la obra es bastante lamentable [como casi todo lo que los “artistas” de hoy hacen], más de uno pensaría en aplicar algún tipo de censura sobre esta obra. Pero, ¿dónde están los límites de la libertad de expresión? ¿Qué diferencia hay entre un difunto Juan Pablo II recibiendo leña trasera y un Mahoma con explosivos atados a la cintura y con pinta de cabronazo insoportable? ¿Es lícita la censura en estos casos? ¿Puede la libertad de expresión tener límites?