Xerach F. Smeding

Yo siempre me opuse a la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio [más conocida como “ley de partidos”], un engendro jurídico con el que los poderosos pueden ilegalizar no sólo partidos políticos concretos, sino criminalizar y defenestrar ideales políticos y movimientos sociales que reten los modelos discursivos imperantes. Ahora bien, la “ley de partidos” existe, y lo que es peor aún, se aplicó para ilegalizar un partido político concreto: Batasuna. Estemos o no de acuerdo con las ideas y las formas de la izquierda radical vasca [yo no lo estoy], la existencia misma de un grupo político que aglutina a más de 100.000 votos implica que éste representa a un sector importante de la sociedad vasca. La ilegalización de dicha formación supuso, al menos en un plano teórico, la exclusión de esa parte de la ciudadanía del sistema democrático. Los motivos que llevaron a la ilegalización de Batasuna son de todos conocidos: el apoyo implícito de la violencia etarra [aunque jamás explícito] y el doble juego que, en teoría, los miembros de Batasuna desarrollaron entre el plano de la lucha armada y la lucha política. Esto, a todas luces, supone un motivo básico para la ilegalización de la formación, al menos con la “ley de partidos” en la mano. Ahora bien, si nos detenemos un momento a leer el contenido mismo de la Ley Orgánica ya citada, caeremos en la cuenta de que existen más motivos, según los cuales, se puede proceder a la ilegalización de formaciones político-sociales que atenten contra las normas básicas de la convivencia democrática:

El objetivo [se sobreentiende que de la ley] es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen […] de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas”

Así pues, la ley explicita claramente que los motivos por los cuales una formación puede ser ilegalizada trascienden, de entrada, los marcos del terrorismo. Aquellos grupos que hagan defensa de ideales que pongan en peligro la convivencia democrática, esto es, grupos que hagan apología del racismo o la xenofobia o que vulneren las libertades básicas del resto de ciudadanos, pueden ser ilegalizados con la ley en la mano.

Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:

a. Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.

Tras lo sucedido este fin de semana en Madrid, cuando un militar de 24 años asesinó sin mediar palabras a un menor de 16 años antifascista, de camino a una manifestación xenófoba de Democracia Nacional [partido de ultraderechas que, entre otras cosas, defiende una política inmigratoria restrictiva y marcadamente racista junto con tesis explícitamente homofóbicas], creo que hay que actuar con contundencia. Si la ley se aplicó al caso de Batasuna, y tras una lectura más o menos detenida de la misma, existen motivos suficientes para ilegalizar a estos grupos: empezando por Democracia Nacional y terminando por Falange o España 2000, redes y grupos que dan cobijo a neonazis de todo tipo, franquistas, fascistas y elementos de extrema derecha cuyos valores [si es que pueden denominarse así] atentan directamente contra el sistema de convivencia democrático. Al fascismo y al terrorismo hay que combatirlos con las ideas en la mano, con el convencimiento de que el sistema democrático posee las armas discursivas suficientes para hacer frente al reto de los intolerantes, de los totalitarios. Pero si la ley fue aplicada para un grupo que propugnaba la violencia y la intolerancia como formas de lucha y objetivos a cumplir, las redes y grupos de ultraderecha deberán enfrentarse al mismo proceso. De lo contrario, el sistema estará utilizando una doble vara de medir que sólo fortalecerá a los radicales de ambos bandos, en detrimento de aquellos que creemos que los cauces por los cuales han de defenderse las ideas que quepan en el sistema democrático [la xenofobia, la homofobia o el terrorismo no tienen cabida alguna] son exclusivamente discursivos.