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Izquierda pionera martes, 27 de noviembre de 2007 |

Izquierda Unida es la única formación política de ámbito estatal pionera en la defensa de la diversidad afectivo-sexual. Fue la primera formación en incluir en un programa electoral la reivindicación de legalizar las bodas entre personas del mismo sexo; fueron los únicos en apoyar la equiparación, en el plano legal, de los derechos de aquellos que, por norma, hemos sido excluidos del sistema, en tiempos en los que los armarios aún andaban repletos de seres humanos discursiva y socialmente sumidos en las profundidades de lo abyecto. La beligerancia de la coalición de izquierdas en estos puntos sensibles ha posibilitado que España ocupe, junto a cinco estados más, la vanguardia internacional por la normalización de las sexualidades no-normativas. La lucha por la normalización no puede ni debe circunscribirse a las victorias legales que en la presente legislatura, junto con el apoyo del actual gobierno y los restantes partidos del arco parlamentario [exceptuando a los de siempre], hemos logrado. La homosexualidad sigue siendo un tabú en el trabajo, la escuela, el instituto, la universidad o el propio núcleo familiar. La visibilidad seguirá siendo una quimera mientras la homofobia y la intransigencia de los de siempre no nos permitan vivir en paz. El miedo a la agresión física, al insulto o al desprecio, siguen condicionando los comportamientos públicos de los homosexuales; mientras que una pareja de hombres o de mujeres cogidos de la mano, besándose o abrazados en cualquier espacio público siga atrayendo miradas indiscretas, sorpresivas o de asco, la plena equiparación legal no repercutirá en la vida diaria de aquellos que nos sentimos heterosexuales. Por ello, Izquierda Unida ha presentado una propuesta no de ley para establecer un plan escolar para la educación en los valores de la tolerancia y el respeto a la diversidad afectivo-sexual existente, y para combatir la homofobia. Entre las medidas recogidas en esta propuesta se encuentra la facilitación del acceso de los centros escolares a materiales relacionados con la diversidad afectivo-sexual; la inclusión en los departamentos de orientación del alumnado de profesionales formados en cuestiones afectivo-sexuales; la consolidación de campañas de concienciación en el día mundial de lucha contra el VIH-SIDA y en el día contra la discriminación por motivos de orientación sexual. Además, Izquierda Unida pide la creación de un Observatorio Estatal sobre el tratamiento de la diversidad afectivo-sexual en la escuela y la incorporación de representantes de los colectivos LGTIB al Consejo Escolar del Estado. Sólo mediante la educación lograremos la tolerancia que desde hace años venimos reclamando todos aquellos que, directa o indirectamente, nos sentimos acosados por una homofobia que sólo podremos combatir con la ley y la educación en la mano.

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Aberraciones heteropatriarcales [bis] domingo, 25 de noviembre de 2007 |

La caducidad del heteropatriarcado es incuestionable. Una parte de la sociedad aún se rige por los esquemas básicos de un sistema sociodiscursivo incapaz de asumir la obvia transformación a la que hemos asistido en estos dos últimos siglos. La violencia sexista, amparada por las categorías básicas de la norma patriarcal y heterosexual, es la responsable directa de la muerte, en lo que va de año, de 69 mujeres en España. La violencia contra las mujeres, tanto la física como la psicológica, es una lacra amparada, en parte, por un modelo social incompatible con el estado de derecho. Esta violencia, sutil y casi imperceptible está más generalizada de lo que la mayor parte de los mortales creemos. Los sistemas de dominación heteropatriarcales ejercen su poder a través de los espacios mismos de lo cotidiano: los hombres que censuran la vestimenta de sus parejas, que deciden los lugares que éstas pueden o no frecuentar, con quiénes se pueden relacionar…, son una parte más del engranaje de un sistema de dominación abyecto. Esta censura cotidiana, tanto en lo relativo a la vestimenta como a la propia sociabilidad de las mujeres, es una forma más de violencia machista a la que, de ninguna manera, podemos dar cobertura. Las instituciones del heteropatriarcado, véase matrimonio o noviazgo bajo premisas tradicionales, legitiman práctica sociales tan censurables como las anteriores. Legitiman la conversión de las mujeres en objetos [de deseo y posesión] por parte de sus parejas masculinas; legitiman formas de dominación que atentan contra la integridad misma de las mujeres y, lo que es peor aún, contra la libertad de las mismas. La caverna tradicionalista, la misma que sume en los abismos de lo abyecto a homosexuales, bisexuales o transexuales, es la responsable directa de lo que está sucediendo. La incompatibilidad de su mundo con nuestro discurso básico es manifiesta; sin una plena equiparación en derechos en el plano real, tanto de mujeres como de homosexuales, cuyas realidades cotidianas escapan muchas veces a lo codificado legalmente, nuestras sociedades no podrán avanzar ni un ápice más.

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Refundación jueves, 15 de noviembre de 2007 |

Ayer supimos que el actual coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, será el candidato de la formación de izquierdas para las próximas elecciones generales de 2008. A través de unas primarias celebradas por primera vez en los 21 años de existencia de la coalición, los cerca de 50.000 afiliados han decidido por mayoría respaldar a la actual dirección. Los intentos del Partido Comunista de España [PCE] por tomar las riendas del poder perdido en el seno de la coalición parecen haber fracasado, ya que su candidata, Marga Sanz, tuvo que conformarse con cerca de un 37% de los votos emitidos. La crisis que arrastra IU, desde su desplome electoral en 2000, es un hecho para todos los que, de una u otra manera, apoyamos a esta formación. Por un lado, existe una corriente numerosa de afiliados y simpatizantes que cuestionan la necesidad de seguir anclados en el mensaje caduco del PCE; somos los que, junto al actual coordinador, hemos apoyado la refundación de IU en un partido de izquierdas alejado de los orígenes mismos de la formación. Apostamos por el ecosocialismo y por lo que algunos han denominado la “nueva izquierda”: aquella alejada de los postulados marxistas tan alejados de la realidad sociopolítica actual. El mundo global, el mundo de la hegemonía del Imperio y del neoliberalismo, exige de nuevas formas de oposición discursiva; el socialismo clásico de corte marxista, le pese a quien le pese, ha quedado más que obsoleto. Los retos del presente siglo exigen la refundación de todos los antiguos partidos de izquierda vinculados, de una u otra forma, a los aparatos de los partidos comunistas europeos. Izquierda Unida ha apostado por un giro ecosocialista desde que, en las elecciones generales de 2000, el actual secretario general del PCE [Francisco Frutos] condenara a IU a la crisis perpetua estableciendo un pacto electoral con el PSOE. Ahora son ellos, los que pactaron con el PSOE hace cerca de 8 años, los que critican un supuesto colaboracionismo excesivo de IU con el PSOE; los que, sin caérseles la cara de vergüenza, aseguran que IU ha perdido toda su identidad apoyando, casi sin fisuras, la labor del actual gobierno. Ahora bien, a estas ratas comunistas, amnésicas como pocas, hay que recordarles que fueron ellos, exclusivamente ellos, los que hundieron el barco de la coalición. La actual dirección de Izquierda Unida ha logrado impedir, en la medida de lo posible, la “derechización” del PSOE. Con el apoyo explícito de IU, hemos logrado avanzar en materia de derechos sociales lo que hasta hace tan sólo 10 años era una quimera. Muchas iniciativas que ahora son leyes, fueron propuestas con anterioridad por IU. Ahora, gracias al trabajo de los compañerxs de la coalición podemos hablar de matrimonio entre personas del mismo sexo; de una criticable ley para la memoria histórica; de una ley de dependencia; de una ley de igualdad… La nueva refundación de IU es una necesidad de primer orden. Los que creemos en el proyecto de la coalición sabemos que sólo un giro unitario hacia el ecosocialismo y la “nueva izquierda” son las vías válidas para mantener nuestra presión en el sistema monárquico parlamentario. Esto, unido a una refundación total en el ideario republicano son las bases por las cuales Izquierda Unida debe apostar. Olvidémonos de los lastres del pasado, de las ataduras a un PCE moribundo y de las ideologías totalitarias. Apostemos por el futuro y por nuestra condición de izquierdistas, ecosocialistas, tolerantes y republicanos. Apostemos por IU, la única formación de izquierdas estatal capaz de plantarle cara a la derecha y a la socialdemocracia tibia de las alimañas del PSOE. Adelante Gaspar; adelante IU.

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Ilegalización miércoles, 14 de noviembre de 2007 |

Yo siempre me opuse a la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio [más conocida como “ley de partidos”], un engendro jurídico con el que los poderosos pueden ilegalizar no sólo partidos políticos concretos, sino criminalizar y defenestrar ideales políticos y movimientos sociales que reten los modelos discursivos imperantes. Ahora bien, la “ley de partidos” existe, y lo que es peor aún, se aplicó para ilegalizar un partido político concreto: Batasuna. Estemos o no de acuerdo con las ideas y las formas de la izquierda radical vasca [yo no lo estoy], la existencia misma de un grupo político que aglutina a más de 100.000 votos implica que éste representa a un sector importante de la sociedad vasca. La ilegalización de dicha formación supuso, al menos en un plano teórico, la exclusión de esa parte de la ciudadanía del sistema democrático. Los motivos que llevaron a la ilegalización de Batasuna son de todos conocidos: el apoyo implícito de la violencia etarra [aunque jamás explícito] y el doble juego que, en teoría, los miembros de Batasuna desarrollaron entre el plano de la lucha armada y la lucha política. Esto, a todas luces, supone un motivo básico para la ilegalización de la formación, al menos con la “ley de partidos” en la mano. Ahora bien, si nos detenemos un momento a leer el contenido mismo de la Ley Orgánica ya citada, caeremos en la cuenta de que existen más motivos, según los cuales, se puede proceder a la ilegalización de formaciones político-sociales que atenten contra las normas básicas de la convivencia democrática:

El objetivo [se sobreentiende que de la ley] es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen […] de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas

Así pues, la ley explicita claramente que los motivos por los cuales una formación puede ser ilegalizada trascienden, de entrada, los marcos del terrorismo. Aquellos grupos que hagan defensa de ideales que pongan en peligro la convivencia democrática, esto es, grupos que hagan apología del racismo o la xenofobia o que vulneren las libertades básicas del resto de ciudadanos, pueden ser ilegalizados con la ley en la mano.

Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:

a. Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual
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Tras lo sucedido este fin de semana en Madrid, cuando un militar de 24 años asesinó sin mediar palabras a un menor de 16 años antifascista, de camino a una manifestación xenófoba de Democracia Nacional [partido de ultraderechas que, entre otras cosas, defiende una política inmigratoria restrictiva y marcadamente racista junto con tesis explícitamente homofóbicas], creo que hay que actuar con contundencia. Si la ley se aplicó al caso de Batasuna, y tras una lectura más o menos detenida de la misma, existen motivos suficientes para ilegalizar a estos grupos: empezando por Democracia Nacional y terminando por Falange o España 2000, redes y grupos que dan cobijo a neonazis de todo tipo, franquistas, fascistas y elementos de extrema derecha cuyos valores [si es que pueden denominarse así] atentan directamente contra el sistema de convivencia democrático. Al fascismo y al terrorismo hay que combatirlos con las ideas en la mano, con el convencimiento de que el sistema democrático posee las armas discursivas suficientes para hacer frente al reto de los intolerantes, de los totalitarios. Pero si la ley fue aplicada para un grupo que propugnaba la violencia y la intolerancia como formas de lucha y objetivos a cumplir, las redes y grupos de ultraderecha deberán enfrentarse al mismo proceso. De lo contrario, el sistema estará utilizando una doble vara de medir que sólo fortalecerá a los radicales de ambos bandos, en detrimento de aquellos que creemos que los cauces por los cuales han de defenderse las ideas que quepan en el sistema democrático [la xenofobia, la homofobia o el terrorismo no tienen cabida alguna] son exclusivamente discursivos.

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Negreros miércoles, 7 de noviembre de 2007 |

Resulta cuando menos desconcertante que el presidente de una nación que se dice democrática, pretenda pasarse por el forro de lo que todos sabemos el sistema judicial de una nación soberana. Chad es un país sumamente pobre, devastado por el mismo mal que afecta al resto del continente africano. Pero ni la miseria ni la pobreza extrema son justificaciones válidas para infravalorar o ningunear el sistema judicial de aquel país. Y es que Sarkozy ha dicho taxativamente que irá de nuevo a Chad para traerse en su avión presidencial a los franceses que aún están procesados, “hayan hecho lo que hayan hecho”. Ello implica dos cosas sumamente importantes: la primera, que el presidente de la República francesa no cree que el supuesto delito cometido por estos presuntos negreros sea justificación suficiente para su procesamiento en el país africano; y segundo, la presuntuosa idea de que la justicia francesa está más capacitada, técnica y moralmente, para proceder al procesamiento de estos cooperantes. ¿En que mente enferma cabe que un procesado, no olvidemos que por presuntamente haber cometido un acto delictivo, sea juzgado en su país de origen y no en aquel en el que se consumó el delito? ¿Qué tipo de sistema judicial defiende el presidente de Francia? ¿Un sistema judicial más próximo al del Imperio, que clama contra todo intento de construir un sistema internacional más justo, un sistema basado en la injerencia norteamericana en cualquier proceso judicial desarrollado en el extranjero y en el que estén involucrados ciudadanos de dicha nación?

El coro mediático que se ha formado en torno al caso del presunto tráfico de niños orquestado por la ONG el Arca de Zoé, comienza a resultar algo más que bochornoso. Las palabras de Sarkozy, un reflejo más de la prepotencia francesa y los modos imperialistas que parte de la derecha europea parece no poder dejar atrás, evidencian una falta de respeto hacia las instituciones de otras naciones, al presuponer que las garantías judiciales mínimas no serán cumplidas en un país tan pobre y atrasado como Chad [a todas estas, una antigua colonia francesa sumida en el mayor de los olvidos por sus antiguos patronos imperiales]. Para colmar más este esperpento imperialista, Zapatero se ha unido al coro demandando al dictador chadiano que su sistema judicial “vea con la mayor benevolencia” el caso de los españoles aún retenidos [acusados de conspirar, junto a los miembros del Arca de Zoé, el rapto de los 103 menores]. Así, aquellos que se dicen defensores del estado de derecho y de la democracia se pasan, por undécima vez, sus convicciones por donde mejor saben en aras de la protección de sus respectivos nacionales, sin importarles, tan siquiera, si éstos son unos cerdos negreros o unos buenos ciudadanos.

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Golpe al golpe lunes, 5 de noviembre de 2007 |



Lo que está pasando en Pakistán roza el paroxismo: el actual gobernante, Pervez Musharraf, llegó al poder mediante un golpe de estado perpetrado en 1999; ahora, acosado por la oposición democrática y el Tribunal Supremo del país, ha decidido dar otro golpe decretando el “estado de emergencia”, lo que equivale a una ley marcial de facto. El mayor de los aliados del Imperio en la zona, una dictadura que lleva casi media década impidiendo un más que necesario proceso de democratización nacional, ha decidido dar un golpe al golpe ya consolidado, lo que objetivamente hablando viene a ser una estupidez suprema: ¿qué sentido tiene dar un golpe de estado a una situación ya de por sí irregular y antidemocrática? Musharraf no es tonto: acosado por un Tribunal Supremo que en unos días iba a decidir la más que probable ilegalidad de su reelección como presidente de Pakistán [al concurrir como militar a unas elecciones harto surrealistas], decidió hacer uso de las mismas estratagemas discursivas que sus patronos imperiales, es decir, hacer del terrorismo un escudo con el que blindarse eternamente en el poder. Arguyendo una supuesta amenaza terrorista islámica, Musharraf ha derogado la Constitución y descabezado a todo el Tribunal Supremo, imponiendo el arresto domiciliario a los miembros que declararon ilegal el estado de excepción impuesto. La represión se ha extendido a destacados abogados pro-democracia y a los elementos de la oposición política; hasta la fecha, alrededor de 500 personas han sido detenidas con la ilegal ley marcial en la mano. Esta nueva situación permitirá al lacayo asiático del Imperio [el que Bush cree que es un “defensor de la democracia y la libertad”] modificar en los próximos doce meses la Constitución ahora vigente, de 1973, a su antojo. El dictador bueno del Imperio, aquel al que Bush y la rancia derecha norteamericana parecen dar cobertura y apoyo, podrá permanecer en el poder indefinidamente, haciendo del terrorismo su principal baza y del apoyo implícito del Imperio una garantía nada desdeñable de estabilidad y futuro para su inamovible y patrimonializado puesto presidencial. Los perdedores, como siempre, los pakistaníes: atrapados entre el fuego cruzado del islamismo radical y la antidemocrática casta militar que apoya, con los tanques en las calles y las armas en la mano, a este impresentable personaje.

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Aliados contra el terror sábado, 3 de noviembre de 2007 |

En la guerra global contra el terror todo parece valer: desde bombardear poblados habitados por civiles inocentes hasta apoyar regímenes crueles que se pasan por donde mejor saben los derechos humanos. La guerra global institucionalizada por el Imperio es una aberración en todos los sentidos, desde una perspectiva moral como desde una objetivamente jurídica. El campo de concentración de Guantánamo, un limbo legal donde se tortura y retiene, sin cargos, a cientos de presuntos yihadistas, es el máximo exponente de la arbitrariedad jurídica de la guerra imperial. Pero si hacemos una profunda reflexión en torno a los orígenes de esta confrontación planetaria, a la génesis misma de la guerra contra el terror [war on terror], podemos hacer inferencias básicas en torno a las motivaciones principales de la misma. Los cabecillas de esta guerra global se escudan constantemente en la necesidad de defender la democracia y los derechos humanos ahí donde estos aún son una quimera inalcanzable. Así, nos justificaron la invasión de Irak y el derrocamiento de su tirano [apoyado, en su momento, por el Imperio] o incluso, en los inicios de la propia guerra global, nos vendieron la necesidad de derrocar el salvaje régimen de los mulás afganos e instaurar una democracia en las imposibles tierras del Afganistán bélico. Pero la guerra global contra el terror [se sobreentiende que islámico-yihadista] dista de ser una guerra por la democracia y la libertad; ¿acaso la guerra y la democracia pueden ser considerados elementos convergentes? ¿No es la guerra el fracaso último de cualquier sistema democrático? Los instigadores de la guerra global así no lo creen. Emulando a los primeros que hicieron del liberalismo una bandera para ocupar y someter naciones [nos referimos a las tropas napoleónicas y sus campañas para extender el liberalismo fuera de las fronteras de la Francia revolucionaria], Bush nos presenta a los ejércitos de Estados Unidos y sus aliados como una suerte de coalición napoleónica, cuyo principal cometido es la extensión de un modo de entender el mundo muy concreto. Pero a diferencia de Napoleón, el mundo al que se enfrentan las tropas de Bush es radicalmente distinto a aquel al que debió enfrentarse la Francia revolucionaria. Y por ello, la guerra global contra el terror sabe perfectamente que la victoria final [si es que ésta puede darse] ha de asentarse sobre premisas que excluyen, directamente, cualquier sentido democrático que pretenda inferirse a esta lucha. Así, Guntánamo tiene su lógica existencial si la analizamos como un soporte más [ni democrático ni legal] de la guerra global. Y si seguimos esta lógica deductiva, que nos conduce a las verdaderas motivaciones de la guerra imperial y a las auténticas bases intelectuales e ideológicas de la misma, seremos capaces de entender [pero no de apoyar] por qué el Imperio es capaz de apoyar regímenes aberrantes como el de Arabia Saudita o Pakistán en aras de la democratización de otras naciones que en poco, o nada, se diferencian de las dos anteriores. Para el Imperio, tanto la Arabia de la dinastía Saud, como el Pakistán de los generales de Musharraf son aliados estratégicos y clave en la lucha contra el terror. Pasando por alto y obviando, descaradamente, que ambos países albergan auténticos nidos de ratas yihadistas, o que el propio origen del cabecilla de Al-Qaeda es de origen saudí, el Imperio ha sido capaz de rearticular el discurso para incorporar a esta lucha a naciones antagónicas con los propios principios que se dicen defender. ¿Cómo podemos considerar que Arabia Saudí, un país en el que se lapida a las mujeres y se condena a muerte y/o a miles de latigazos a los homosexuales, sea uno de los aliados en esta lucha global contra el terror? ¿Es que acaso un país en el que impere un sistema absolutista monárquico, en el que no existe ni tan siquiera un régimen representativo embrionario o primitivo, puede ser considerado un aliado de la democracia y la libertad? ¿Realmente cree el Imperio y todos aquellos que dan cobertura a esta guerra global ilegal y esperpéntica [véase derecha española, por ejemplo] que este planeta está habitado por simios en lugar de seres humanos con valores? ¿Realmente vale todo en esta guerra global, ilegítima e ilegal contra el terror islamista radical, cuando, en el seno de la coalición, tenemos países cuya radicalidad islámica aboga por la lapidación de mujeres adúlteras y de cualquier homosexual?

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El Arca viernes, 2 de noviembre de 2007 |

El tratamiento informativo que los mass media están dando al caso del Arca de Zoé, una ONG acusada del rapto de menores de edad chadianos para su envío a Francia, resulta cuanto menos grotesco. Una serie de noticias confusas e inconsistentes han logrado desvirtuar el sentido mismo de la detención de los cooperantes franceses y la tripulación española del avión que iba a transportar a los 103 menores a Francia. Los medios españoles se han volcado con los españoles detenidos, tratando de demostrar su supuesta inocencia, eso sí, sin prueba alguna. Las últimas noticias llegadas desde Chad aseguran que las azafatas podrían ser puestas en libertad, sin cargos, aduciendo que no tenían conocimiento de lo que los cooperantes estaban tramando; en cuanto al piloto, las autoridades judiciales del país africano parecen tener constancia de que éste colaboró activamente con la ONG y estuvo al tanto de todo lo que se cocía. Si esto se confirma, tanto el piloto como los falsos cooperantes serían autores de un intento de tráfico de niños.

El caso del Arca de Zoé, escalofriante como pocos, saca a la luz una serie de hechos sujetos a la especulación masiva pero sin prueba alguna: el tráfico de niños existe, y lo que es aún peor, algunas organizaciones no gubernamentales occidentales parecen participar activamente en estas delictivas y repugnantes prácticas. Los cooperantes franceses del Arca de Zoé parece que lo tenían muy claro cuando justificaron, en un vídeo grabado por unos periodistas, su negocio negrero, aduciendo que tanto el clima político-social de Chad como el oscuro futuro de estos niños eran justificaciones lo suficientemente consistentes como para llevar a cabo la operación. Pero los cooperantes parecen haber hecho de todo para llegar a reunir a los 103 menores: recaudaron miles de euros en Francia vendiendo una operación de carácter humanitario cuyo principal fin era sacar del Chad a niños huérfanos sudaneses víctimas de la guerra en Darfur; pero los investigadores apuntan a que ni los niños eran sudaneses [eran chadianos] ni eran huérfanos: la mayor parte tenía padres, que fueron engañados por los miembros del Arca de Zoé que afirmaban que los trasladarían a la capital de Chad para recibir una buena educación [imposible en las aldeas fronterizas con la guerra de Darfur]. Las justificaciones del Arca de Zoé, aunque basadas en tristes verdades, no pueden servir para apoyar prácticas ilegítimas. Es cierto que los niños de esta zona del mundo tienen un futuro más que oscuro; que el hambre, la miseria y la guerra truncan el desarrollo normal de la infancia de los mismos; y que el futuro de éstos en algún país occidental está suficientemente garantizado. Pero ello no justifica que una supuesta ONG se arrogue el derecho de engañar a los padres biológicos de estos niños para sacarlos de su país de origen y alejarlos de su familia aduciendo todo lo anterior. El macabro plan humanitario del Arca de Zoé es un delito grave que deberá ser castigado por la justicia chadiana. Ya hay medios que hablan de la necesidad de que éstos cooperantes sean juzgados en Francia, ante la supuesta falta de garantías judiciales en el Chad. Yo pido que estos cerdos negreros sean juzgados en el país en el que se cometió el delito y que se deje de hacer periodismo basura con este caso; las medias tintas no valen, aquí solo cabe el rechazo explícito y frontal contra una práctica abolida en nuestros ordenamientos jurídicos. El tráfico de seres humanos, aunque se quiera revestir con un aura humanitaria, es injustificable.

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Nuestra memoria jueves, 1 de noviembre de 2007 |



La sentencia del 11-M parece haber eclipsado la aprobación de lo que, en un primer momento, se nos vendió como una de las piezas claves de la labor legislativa de los socialistas en el poder. La Ley de Memoria Histórica, formalmente conocida como Ley que por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, es el resultado final de un largo y tortuoso camino, producto de la oposición sistemática de la derecha española y la ineptitud manifiesta de los socialistas españoles. Una lectura en profundidad de la ley demuestra las contradicciones intrínsecas al discurso de los que ahora mismo detentan el poder en este país, y lo que es aún peor, la ley materializa la pérdida de una oportunidad única para abordar el problema de la memoria histórica, del recuerdo que necesariamente nos constituye en seres humanos; porque, afrontémoslo, nosotros somos producto de la evolución histórica de un estado, el español, con el que, comulguemos o no, estamos identificados cultural y políticamente. El burdo intento del Partido Socialista de legislar nuestra memoria colectiva, nuestra memoria antifascista y democrática, sobre premisas y mitos de la transición monárquica, es un atentado ideológico en toda regla. No, señores del Partido Socialista, no sólo esa alabada transición permitió la aprobación del actual marco constitucional; la labor del quinquenio republicano y la lucha de aquellos que lo dieron todo por el sistema democrático es, ha sido y será la base de nuestro actual marco. Dejen de falsear la historia, mediatizándola con imágenes falseadas de una transición que, lo único que vino a hacer, fue recuperar, de una vez por todas, la democracia que los fascistas secuestraron en 1939. Nuestra memoria no necesita de sus tibias condenas contra las “injustas” [es el adjetivo elegido por las ratas socialistas] sentencias del franquismo, porque nuestra memoria sabe que aquellas sentencias fueron, básicamente, ilegales, ilegítimas, antidemocráticas y fascistas. Nuestra memoria sabe que el exilio no fue una “injusticia” [como bien dicen las ratas], sino una brutalidad injustificada, una barbarie que llevó a miles de conciudadanos a vivir en países extranjeros, cayendo, en algunas ocasiones, en las garras del fascismo europeo y en el exterminio de los campos de concentración nacionalsocialistas. Nuestra memoria, señores socialistas, sabe de sobra que los tribunales del franquismo no fueron “ilegítimos”, sino aberrantes, ilegales y anticonstitucionales. Nuestra memoria sabe que no se puede hacer una ley para regular una memoria histórica, propia y colectiva, sin hacer ni una sola referencia al régimen democrático que precedió a éste: ¿a qué se debe que no existan alusiones directas, ni tan siquiera formales, a nuestro primero régimen democrático, la II República?

Nuestra memoria, ratas de alcantarilla socialistas, escapará a estos burdos intentos de imposición de discursos tergiversados, manipulados y toscamente construidos; los discursos de la monarquía parlamentaria no son fuente de legitimidad para nuestra memoria. Nuestra memoria no la legislan aquellos que traicionaron sus propios valores para conquistar el poder; nuestra memoria no la construyen personas que se dicen de izquierdas y apoyan instituciones antiguorregimentales que violan las premisas básicas del liberalismo político; nuestra memoria, señores socialistas, es inviolable, no está en venta y se merece un respeto.

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izquierda unida