Xerach F. Smeding

La sentencia del 11-M parece haber eclipsado la aprobación de lo que, en un primer momento, se nos vendió como una de las piezas claves de la labor legislativa de los socialistas en el poder. La Ley de Memoria Histórica, formalmente conocida como Ley que por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, es el resultado final de un largo y tortuoso camino, producto de la oposición sistemática de la derecha española y la ineptitud manifiesta de los socialistas españoles. Una lectura en profundidad de la ley demuestra las contradicciones intrínsecas al discurso de los que ahora mismo detentan el poder en este país, y lo que es aún peor, la ley materializa la pérdida de una oportunidad única para abordar el problema de la memoria histórica, del recuerdo que necesariamente nos constituye en seres humanos; porque, afrontémoslo, nosotros somos producto de la evolución histórica de un estado, el español, con el que, comulguemos o no, estamos identificados cultural y políticamente. El burdo intento del Partido Socialista de legislar nuestra memoria colectiva, nuestra memoria antifascista y democrática, sobre premisas y mitos de la transición monárquica, es un atentado ideológico en toda regla. No, señores del Partido Socialista, no sólo esa alabada transición permitió la aprobación del actual marco constitucional; la labor del quinquenio republicano y la lucha de aquellos que lo dieron todo por el sistema democrático es, ha sido y será la base de nuestro actual marco. Dejen de falsear la historia, mediatizándola con imágenes falseadas de una transición que, lo único que vino a hacer, fue recuperar, de una vez por todas, la democracia que los fascistas secuestraron en 1939. Nuestra memoria no necesita de sus tibias condenas contra las “injustas” [es el adjetivo elegido por las ratas socialistas] sentencias del franquismo, porque nuestra memoria sabe que aquellas sentencias fueron, básicamente, ilegales, ilegítimas, antidemocráticas y fascistas. Nuestra memoria sabe que el exilio no fue una “injusticia” [como bien dicen las ratas], sino una brutalidad injustificada, una barbarie que llevó a miles de conciudadanos a vivir en países extranjeros, cayendo, en algunas ocasiones, en las garras del fascismo europeo y en el exterminio de los campos de concentración nacionalsocialistas. Nuestra memoria, señores socialistas, sabe de sobra que los tribunales del franquismo no fueron “ilegítimos”, sino aberrantes, ilegales y anticonstitucionales. Nuestra memoria sabe que no se puede hacer una ley para regular una memoria histórica, propia y colectiva, sin hacer ni una sola referencia al régimen democrático que precedió a éste: ¿a qué se debe que no existan alusiones directas, ni tan siquiera formales, a nuestro primero régimen democrático, la II República?

Nuestra memoria, ratas de alcantarilla socialistas, escapará a estos burdos intentos de imposición de discursos tergiversados, manipulados y toscamente construidos; los discursos de la monarquía parlamentaria no son fuente de legitimidad para nuestra memoria. Nuestra memoria no la legislan aquellos que traicionaron sus propios valores para conquistar el poder; nuestra memoria no la construyen personas que se dicen de izquierdas y apoyan instituciones antiguorregimentales que violan las premisas básicas del liberalismo político; nuestra memoria, señores socialistas, es inviolable, no está en venta y se merece un respeto.