Xerach F. Smeding

Como si de un iluminado se tratara, y tras un sueño profético, el artista vasco Eduardo Chillida concibió, hace ahora más de 10 años, el vaciado de la montaña sacra de los habitantes aborígenes de Fuerteventura. Tindaya, desde entonces, vive insomne y pendiente de un destino marcado por la especulación urbanística, el turismo de masas y la destrucción irreversible de una zona de alto valor ecológico e histórico. Desde que hace más de 13 años se iniciara esta pesadilla, una compleja trama de corrupción, probablemente la más escandalosa de todas las que se han desarrollado en estas islas, a salpicado a los gobiernos de ATI-CC, a la familia Chillida, a la empresa encargada de los sondeos geofísicos, al Cabildo de Fuerteventura y a un entramado empresarial interesado en la valiosa traquita del interior de la montaña. En la actualidad, la montaña de Tindaya y su entorno cuentan con la máxima protección jurídica: es un monumento natural, un punto de interés geológico y un bien de interés cultural. En la montaña se encuentran, como mínimo, unos 300 grabados podomorfos de origen majo; también se han localizado yacimientos majos anteriores a la conquista española, convirtiendo a la montaña y su entorno inmediato en un valor histórico-cultural único. Muy a pesar de que Tindaya se halle blindada jurídicamente, el gobierno de ATI-CC-PP sigue empeñado en destruir la montaña y hacer cumplir el sueño roto de Chillida. Hoy, toda la prensa nacional se hace eco del anuncio del Gobierno de Canarias de que el próximo año se iniciarán las obras definitivas.

Chillida concibió su proyecto tras un sueño, un mal viaje según creemos muchos; aseguró que la montaña le habló y él le propuso un gigantesco agujero en su interior, lo que en la práctica implicaba vaciar de traquita una porción nada desdeñable del cono. Si tenemos en cuenta que en el año 1997 un metro de traquita se vendía en el mercado a 12.000 de las antiguas pesetas, el inicial proyecto artístico se transformó no sólo en un atentado medioambiental en toda regla, sino en un proyecto financiero y empresarial motivado por la especulación geológica y los intereses de varias empresas del sector de la construcción. La trama de corrupción, que incluyó una volatilización mágica [desaparición en toda regla de 900 millones de pesetas], se inició con la constitución de una sociedad con un capital social de 900 millones aportado íntegramente por el Gobierno de Canarias, es decir, por los ciudadanos de las islas. El gobierno pacta con una de las principales empresas de la constituida sociedad [Cabo Verde S.A.] que si la obra de Chillida no se ejecuta en un plazo de 4 años, el Gobierno se vería obligado a devolverle el capital social adquirido por los entes públicos [es decir, los 900 millones]. En el momento de firmarse el contrato, la citada empresa arrastraba una deuda de 800 millones de las antiguas pesetas; la conexión, por lo tanto, es más que lógica. Cabo Verde vendió posteriormente sus derechos sobre la montaña a Fomento de Construcciones y Contratas por 1.100 millones de pesetas; además, el Gobierno de Canarias le regaló a FCC los derechos de explotación del monumento por un período de 50 años, lo que en la práctica implica que los beneficios de la obra se derivarán, enteramente, al sector privado. Del dinero volatilizado nada se sabe, de hecho, la justicia canaria archivó el caso y obligó a la Asociación Ecologista Ben Magec, a pagar los costes derivados del proceso judicial. Una década después de iniciada la trama de corrupción, el mal viaje de Chillida se terminará materializando; cosas de la postmodernidad y de su cultura en crisis, o simple servilismo y obediencia ciega hacia los iluminados de la cultura del siglo XX, lo cierto es que la destrucción irreversible de Tindaya no sólo es la constatación definitiva de un atentado ecológico e histórico en toda regla, sino del desprecio explícito de un extranjero, como Chillida, por nuestro patrimonio y nuestro pasado. Tindaya, agónica e insomne, espera tensamente el terrible e inexorable destino que le tienen preparado la mafia que gobierna estas islas, las constructoras aliadas con ésta y la familia de iluminado impresentable que concibió esta abominación que osan llamar cultura.

Hay fechas que conviene no olvidar jamás; hoy, 24 de enero conmemoramos uno de los episodios más negros de nuestra historia contemporánea: el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha a manos de terroristas [tardo]franquistas de ultraderecha, de la escoria que jamás aceptó el fin del más aberrante de los regímenes dictatoriales sufridos por este país. Los asesinos fascistas acribillaron a balazos a los abogados Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco; al estudiante de derecho Serafín Holgado de Antonio y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Cuatro personas más resultaron gravemente heridas: Dolores González Ruiz, ex compañera del estudiante Enrique Ruano, muerto en 1969 en manos de la Brigada Político Social franquista y compañera de Sauquillo; Luis Ramos; Alejandro Ruiz Huerta y Miguel Sarabia. El único delito de los asesinados era su pertenencia al aún ilegal Partido Comunista de España, justificación más que sólida para los que, vestidos con la camisa azul y el brazo en alto juraron acabar con sus vidas. Hay pruebas más que suficientes para asegurar que los asesinos fueron inducidos por grupos afines al ultraderechista y neofranquista partido Fuerza Nueva, del no menos rastrero dirigente fascista Blas Piñar. El objetivo del atentado era el de provocar una masiva huelga general instigada por las izquierdas, y liderada, como es de suponer, por el único partido que se opuso dentro y fuera de España al dictador, el PCE. Miguel Sarabia, uno de los supervivientes de la masacre, aseguró hace unos años [murió el pasado 20 de enero de 2007] que los acusados en el juicio que se celebró en 1980 acudieron a las sesiones vestidos con el uniforme de falangistas, al igual que muchos de los asistentes. La arrogancia de los asesinos y de la pléyade de fascistas que los acompañaron durante el juicio es uno de los recuerdos que siempre comentaba. Pero la historia terminó dándoles la razón a aquellos abogados idealistas, comprometidos con el decisivo momento que vivieron: lucharon para desarticular de base el entramado sindical del franquismo [al que llamaban la mafia franquista]; defendieron, con sus vidas, la dignidad y los derechos de cientos de trabajadores a merced de la arbitrariedad de las injustas leyes laborales que entonces imperaban. Los abogados laboralistas de la calle Atocha, número 55, con sus vidas, ofrecieron a los españoles el salto final para alcanzar el sueño democrático truncado por las mismas hordas fascistas que el 18 de julio de 1936 pusieron fin a la II República; abrieron la puerta a la legalización del Partido Comunista, y así, a la democracia parlamentaria. Porque esto también es memoria histórica: recuerdo, dignidad y respeto para los compañeros de izquierdas asesinados por los que jamás creyeron en la libertad.

La franja de Gaza tiene un tamaño parecido al de la isla de la Gomera; en ella [mal] viven casi 1.4 millones de palestinos, lo que la convierte en una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Parte íntegra del futuro Estado palestino desde el plan de partición de 1947, su territorio se ha ido reduciendo a base de guerras, cercos y asentamientos judíos. Desde 2006, el grupo islamista radical Hamás gobierna la franja de Gaza tras la celebración de elecciones democráticas en los Territorios Ocupados, una victoria no-reconocida por los que se dicen demócratas: Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Los medios de comunicación han venido intoxicando, con un conjunto de distorsiones y medias verdades los últimos acontecimientos que se han desarrollado en la franja de Gaza en estos últimos días. Israel lleva desde hace casi una semana ampliando el habitual cerco que ha impuesto a los más de 1 millón de seres humanos que viven en la zona; el corte total del suministro eléctrico, en pleno invierno, y del petróleo han llevado a la franja al abismo por enésima vez. Israel afirma que el bloqueo total sobre la franja es la respuesta al incesante bombardeo con cohetes Kassam efectuado por Hamás, Yihad Islámica y Al Fatal; Israel, y los mass media occidentales mienten descaradamente al afirmar que la actual situación es producto de los ataques de los palestinos. El 16 de este mismo mes, el Ejército israelí perpetró una masacre matando a 16 milicianos y 3 civiles palestinos en la ciudad de Gaza, en pleno proceso de negociaciones entre el Gobierno palestino, Israel y Estados Unidos como mediador, rompiendo una tregua de facto, pero no declarada, por los movimientos milicianos palestinos. Como respuesta al ataque, los grupos radicales y de milicianos llevan días lanzando cohetes contra territorio israelí. Consecuencia de todo ello es la reactivación del ciclo de terror y el círculo vengativo de un conflicto que se perpetúa en el tiempo. La desesperación, y la acción de Hamás permitieron anoche la voladura del muro que separa Gaza de Egipto. Se calcula que alrededor de 400.000 personas han podido escapar del frío, el hambre y la carestía que se han adueñado de Gaza, con el beneplácito del Presidente egipcio Mubarak. Mientras, las Naciones Unidas y la Unión Europea han optado por una espera inaceptable: los castigos colectivos a civiles inocentes suponen una vulneración absoluta de la Convención de Ginebra. Israel, por enésima vez, se ha pasado todos y cada uno de los convenios existentes por donde uno se puede imaginar; las consecuencias siempre son las mismas: hambre, desesperación y pobreza, pero sólo para los integrantes inocentes de uno de los bandos, los palestinos.

Como casi todos ya sabemos, el 9 de marzo se celebran Elecciones Generales tras cuatro años de legislatura socialista. Los grupos y organizaciones LGTIB, encabezados por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales [FELGT] han emprendido una campaña para que el denominado como "voto rosa" no caiga en manos del único grupo que se ha mostrado beligerante con las principales políticas sociales impulsadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El 9 de marzo, por coherencia y sentido común, votar a la derecha es votar contra nuestros derechos; no votar implica hacerle el juego a los que no creen ni en nuestras libertades ni en nuestra igualdad. Por ello hay que acudir a las urnas, votar contra la intolerancia y el retroceso que encarna el Partido Popular; votar para no retroceder ni un milímimetro en el terreno ya conquistado.

La noticia de que Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid y uno de los principales rostros del ala moderada del Partido Popular, haya optado por dejar la política tras haber sido excluido de las listas de su partido al Congreso de los Diputados ha socavado los, en teoría, firmes cimientos de la casa popular. Rajoy y su equipo llevan meses preparando un plácido viaje al centro [se supone que a ninguna parte] tras cuatro años en los que, día sí y día también, han crispado hasta límites insostenibles la política nacional y envenenado con su discurso apocalíptico a buena parte de la sociedad. Zapatero, junto a su equipo de gobierno actual, lleva meses enfrascado en otro viaje al centro de no se sabe muy bien dónde, que en la práctica ha supuesto una derechización del programa electoral y la erradicación de medidas progresistas que sí habían sido tenidas en cuenta en el anterior programa de 2004. Los encargados de que ambos partidos hayan optado por girar el timón de sus respectivos barcos a la derecha, la pléyade de medios de comunicación en manos de grupos de poder conservadores y la Iglesia y sus aliados satélites, se frotan las manos ante lo que se supone es la plasmación real del freno, en brusco, a una legislatura caracterizada por avances sociales históricos. Dentro del Partido Popular, el ala que representa a la derecha más rancia de este país, Esperanza Aguirre, los Aznar, Zaplana y Acebes, han logrado hacerse con el control absoluto de los resortes de un partido sin dueño; Rajoy, el pelele al que Aznar eligió [a dedo] queda definitivamente ilegitimado dentro y fuera de su propio partido ante la crónica falta de autoridad de éste. ¿Pretende Rajoy gobernar este país si, ni tan siquiera, es capaz de poner orden en su propia casa? ¿Cuáles serán las tareas de un gobierno en manos de Esperanzas Aguirre, neoconservadora confesa, Acebes [mentiroso patológico] y Zaplana? Ahora, más que nunca, el Partido Socialista debe apostar por un programa de izquierdas en las que, de una vez por todas, se aborden temas de hondo calado social como la reforma de la actual Ley del aborto en supuestos por una ley de plazos; la legalización de la eutanasia activa tomando como ejemplo el modelo holandés; la aprobación de una ley integral contra la homofobia; avanzar en la laicidad estatal vía una normativa que refuerce el carácter aconfesional y laico del Estado Español; incremento drástico del exiguo salario mínimo interprofesional; una fiscalidad justa y progresiva que ejerza una mayor presión sobre las rentas más altas; una moratoria nuclear que termine en el cierre de todas las centrales existentes en España; aplicación total de los principios establecidos en el Protocolo de Kyoto; reforma de la actual Ley Electoral y creación de una circunscripción única nacional; conversión del Senado en una Cámara de representatividad territorial y autonómica; modificación urgente del actual ordenamiento Constitucional… Por salud e higiene democrática, hágannos el favor de girar a la izquierda cuanto antes.

El año empieza con una muy buena noticia para aquellos que creemos en los derechos de los animales. Estados Unidos ha confirmado la prohibición definitiva de la experimentación médica y científica con chimpancés en todos los laboratorios del país, tanto privados como públicos. La firma de la denominada como “Chimp Act” [Ley de los Chimpancés] no permite, desde el 26 de diciembre de 2007, el envío de estos homínidos no-humanos a los centros de experimentación en los que, sin garantías de ningún tipo, eran sometidos a todo tipo de torturas y maltratos físicos en nombre de la ciencia o el avance médico. El Proyecto Gran Simio estima necesario que, con la nueva ley en la mano, aquellos chimpancés que aun permanezcan en laboratorios sean trasladados, cuanto antes, a santuarios de descanso en los que, a través de proyectos de recuperación, puedan recuperarse de las secuelas producidas por las torturas. En España aún esperamos que el gobierno socialista presente un proyecto de Ley para prohibir definitivamente la experimentación científica y médica con estos seres vivos. A pesar de haberse aprobado la propuesta no de Ley en el Congreso de los Diputados, en la que todos los grupos, a excepción del Partido Popular, pedían una moratoria sobre estas prácticas, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha negado en banda a legislar sobre la materia. La protección de los grandes simios es una necesidad imperiosa; nuestros compañeros en la larga travesía evolutiva necesitan del reconocimiento de un especial estatus jurídico en el que se les sean concedidos derechos básicos: el derecho a una vida digna; el derecho a no ser torturados en nombre de la ciencia o el avance médico; el derecho a vivir en sus medios naturales…

España, como bien sabemos muchos, es una construcción nacional artificiosa que empezó a dibujarse con algo de nitidez hacia finales del siglo XIX. Al calor de los nacionalismos decimonónicos de entonces, se gestó una idea y un proyecto nacional muy concreto que, al menos hasta 1931, estuvo asociado indisolublemente a los aparatos de poder de la monarquía borbónica. La nación, o mejor dicho, los estado-nación tal y como los concebidos en la actualidad, son producto de un régimen discursivo que, llegado un punto de la evolución histórica, fueron convertidos en la forma natural, atemporal e inmutable de vertebración política e institucional de los países de medio orbe. Europa exportó a todo el globo un régimen discursivo envenenado de raíz por los males que los nacionalismos engendraron desde la génesis misma de su plasmación real en el mapa mundial; los nacionalismos, construidos a base de las diferencias y de los odios hacia el vecino o el enemigo más lejano, son, a fin de cuentas, los responsables de la mayor parte de los conflictos políticos y sociales vigentes estos días. El clásico estado-nación europeo, con su artificial y ficticia simbología y la pléyade de instituciones de dominio público que se dicen democráticas, se nos presenta como la forma natural de vertebración política de un país; pero nada más lejos de la realidad, estas formaciones son una ficción, una realidad virtual que, difícilmente, logra adecuarse a las realidades del presente. En el caso presente de España, concebida como estado-nación en el sentido estricto, el camino de construcción nacional ha sido largo y sangriento. Desde que en 1812 se redactara el primer ordenamiento constitucional y hasta 1975, la idea de España ha sufrido radicales reinterpretaciones discursivas. Hoy, 196 años después de aquella primera Constitución, en este país aún se discute si dotar de letra a un himno compuesto durante el período dictatorial; hoy, casi dos centurias después de iniciado este aquelarre nacional, el estado-nación español no ha sido capaz de dotarse de una simbología propia, evidencia en sí misma de la debilidad estructural de dicha construcción nacional. El Comité Olímpico Español y la Sociedad General de Autores, dos instituciones privadas, han sido las encargadas de seleccionar una letra para el himno franquista; parecen haber elegido una suerte de estribillo rancio, plagado de referencias y palabras anacrónicas que, supuestamente, han de dotar de sentido [se sobreentiende que nacional] a un himno decapitado durante la transición a la musicalidad sin letra. Y yo me pregunto, ¿no es esto una suerte de revisionismo de aquellas cosas que quedaron tan bien zanjadas por esa modélica transición hacia la democracia? ¿Por qué se decide tocar el himno y, ni por asomo, se propone una revisión de la Constitución y de los demás pilares de este estado-nación? Paradojas de un proceso de construcción nacional infructuoso, meras cortinas de humo para la decepcionante realidad de un estado-nación que jamás logrará vertebrarse como tal.

Llevamos un par de días hastiados por la cobertura que los medios han hecho de la [retro]manifestación nacional-católica del pasado 30 de diciembre. La opinión de la Santa Madre Iglesia es, a fin de cuentas, una opinión más entre las muchas que en democracia pueden y deben existir; otra cosa muy distinta es que una opinión de un grupo determinado de la sociedad, y de sus legítimos o ilegítimos representantes, se erija en moral y verdad única. Es una irresponsabilidad suprema, por no decir otra cosa, que la Iglesia católica pretenda imponer a los 40 millones de ciudadanos de este país SU moral, SU modelo de familia y SU concepción [anacrónica] de la vida. La moral de la Santa Madre Iglesia debe ser acatada, única y exclusivamente, por aquellos que se dicen y sienten seguidores de la misma; los representantes de la Iglesia católica, como ya comenté en otro post, ni legislan ni ejecutan leyes; ni se constituyen en parlamentos ni están legitimados por la soberanía popular.

La Iglesia parece haber entrado con fuerza en esta lucha moral absurda que enfrenta a dos concepciones diametralmente opuestas de cómo y de qué manera deben vertebrarse el Estado y sus habitantes. La obsesión por la familia, vista por casi todos como el núcleo fundamental de la sociedad en su conjunto, roza la esquizofrenia. Durante estos últimos tres años la Iglesia y la derecha más rancia han venido augurando la disolución de la familia como institución, aupándola a los confines de lo sacro como si de un mártir se tratara. Han asegurado en infinidad de ocasiones que el matrimonio homosexual, el divorcio express o el aborto atentan contra la lógica natural de la familia. Incapaces de ver un mundo real más allá de su vomitiva estrechez de miras, éstos que se dicen defensores de la familia son los que, a su vez, callan ante la lacra de la violencia machista que su trasnochado discurso ha legitimado durante décadas; callan cuando se conocen casos de niños abusados sexualmente o maltratados sin freno por sus heterosexuales padres; callan cuando, desde sus propias filas, un cura o un obispo viola y se aprovecha de la más repugnante manera de menores de edad; callan cuando un niño es abandonado [por la pareja heterosexual que la concibió] en un contenedor, asfixiado hasta morir o entregado al sistema público para su tutela; callan, a fin de cuentas, cuando los horrores implícitos a esa caduca familia tradicional a la que repetidamente invocan como paradigma del orden social defendible, salen a la luz. Y yo me pregunto, ¿por qué los reunidos aquel 30-D no gritaron contra las lacras que la familia heterosexual engendra?; ¿por qué no gritaron contra los horrores de aquellos que, por el simple hecho de poder concebir naturalmente una vida, destrozan infancias y vidas enteras? ¿Es la homosexualidad la principal amenaza de este modelo familiar en vías de extinción perpetua? ¿No sería hora de mirar hacia las entrañas de ese engendro familiar y destripar, de una vez por todas, las auténticas lacras que amenazan el bienestar de los niños que se crían en ellas?

La Iglesia católica también parece estar en precampaña electoral; de un modo explícito y nada sutil, los prelados españoles han salido a la calle para, entre otras cosas, decir que la única familia natural y sana es la heterosexual bendecida por su institución. La estrechez de miras de aquellos que se visten de negro, dicen ser célibes y predican la “palabra de Dios” es, cuanto menos, surrealista. En el mundo al revés del catolicismo más integrista, la confusión de términos y conceptos es tal, que el vaciado de contenido de ideas como la democracia, la libertad o la igualdad, rozan el absurdo. Y es en este punto donde el mensaje de una Iglesia a la deriva adquiere la forma definitiva con la que se nos presenta; los que dicen ser seguidores de aquel que llegó a afirmar, como máxima, aquello del amaos los unos a los otros como yo os he amado, se dedican a dividir, enfatizar las diferencias y los rechazos hacia todos aquellos que no comulgan con su caduco modelo de vertebración social. El orden católico-integrista es excluyente de base, retrógrado e inmovilista; el mensaje de exclusión de aquellos que dicen ser cristianos es pura bazofia antidemocrática. En el actual ordenamiento constitucional, los planteamientos de la Iglesia española no tienen, ni por asomo, cabida; negar el derecho de todos aquellos que no nos sentimos católicos a formar familias implica coartar la libertad individual de raíz. La persecución de las familias homoparentales, la condena explícita hacia la homosexualidad o los ataques sistemáticos hacia el aborto o el divorcio constituyen una invasión en toda regla en espacios a los que la Iglesia no tiene ni el más mínimo derecho de interferencia; la Iglesia, le pese a quien le pese, no legisla ni ejecuta leyes. El ámbito de influencia de esta institución queda, vía el actual ordenamiento constitucional, restringido a su comunidad de fieles; el resto del cuerpo social, aquel que ni practica ni cree en los dictámenes del catolicismo, no debemos de seguir aguantando los maquiavélicos intentos de ésta por inmiscuirse en nuestras vidas privadas y en nuestro derecho legítimo a formar familias distintas a las concebidas por una institución que funciona como nido de pederastas, reprimidos sexuales y parásitos sociales. La manifestación del pasado 30 de diciembre fue un ataque sistemático contra nuestra libertad y contra los derechos que hemos adquirido en estos últimos cuatro años; fue una muestra de fuerza de una Iglesia en deriva, carente del peso social del que, años atrás llegó a gozar. Ahora, más que nunca, aquellos que dicen ser cristianos pero que odian a todo aquel que es diferente y no viven según sus caducas normas, deberán enfrentarse a la realidad de la España democrática y plural: aquella que hace posible que nuestras familias, las homoparentales y monoparentales, disfrutemos de los mismos derechos y obligaciones que las demás.