Xerach F. Smeding

Como todas las demás cosas, los años también tienen fecha de caducidad y, a fin de cuentas, no son más que un mero número al que cargamos con todo un conjunto de connotaciones y significados. Supongo que para cada uno de nosotros, el año que hoy pasa ha debido significar cosas distintas. Desde una óptica personal, el 2007 ha sido un año de luces y sombras, mejorable a grandes rasgos; unos lo recordaremos como el año en que perdimos a alguien o a algo querido; otros, como el año en el que ganamos a alguien o a algo que antes no habíamos disfrutado. En la esfera de lo general, de lo público, el 2007 ha sido un año de crispación política alentada por aquellos sectores incapaces de reconocer que, bajo el paraguas de la libertad, no cabe ni la exclusión ni la censura hacia los demás. También ha sido el año en el que las ansias de democracia y libertad de algunos pueblos del planeta han sido ahogadas con balas, tanques y porrazos; Myanmar es, por desgracia, el ejemplo más paradigmático a éste respecto. Desde una óptica judicial, 2007 ha sido el año en el que se condenó a aquellos que en 2004 rompieron la vida de las casi 200 víctimas mortales de aquel fatídico 11-M. Aquí, en nuestras islas, al año que se va lo recordaremos por las llamas que arrasaron nuestros bosques y barrancos. Así, el 2007 se despide sin más pena ni más gloria que aquella que los acontecimientos parecen haberle dado. Si tuviéramos que hacer caso a lo que manda la tradición y pidiéramos un deseo, yo me decantaría por pedir que el mundo fuera un lugar más habitable para todos durante el próximo 2008; que los derechos y las libertades de todos los seres humanos fuesen respetados en todos los puntos del globo; y que, pese a los palos y a las desgracias que la vida nos plantea de vez en cuando, todos seamos un poco más felices los próximos 365 días del próximo año.

El plácido viaje hacia el centro del Partido Socialista va a tener consecuencias en todos los sentidos. Si bien es cierto que este giro derechista puede suponer la captación del voto del centro-izquierda más conservador, las políticas sociales más progresistas se verán afectadas por esta deriva. Mientras que esta legislatura ha estado marcada por una profunda revisión del ordenamiento legal en temas que atañen, fundamentalmente, a los colectivos más vulnerables del sistema, la próxima se presenta, estigmatizada sin aún empezar, como la legislatura de la contención y el miedo. Miedo a los grupos de poder conservadores que operan, con total libertad e impunidad, contra los deseos mayoritarios de la sociedad española; una contención en políticas sociales que implican, de entrada, un giro tan conservador que ni tan siquiera la ampliación de los supuestos de la ley del aborto ni el estudio de la legalización de la eutanasia activa [presentes en el anterior programa electoral de 2004] se abordarán en esta próxima legislatura. Los principales causantes de este brusco freno a las políticas sociales progresistas son el Partido Popular, la Iglesia y un sector conservador del PSOE que, en los últimos tiempos y aprovechando el contexto de crispación artificial creada por la derecha, ha tomado el mando del barco de ZP. Frente a este retroceso sustancial en materia de derechos sociales que representan los dos principales partidos del arco parlamentario, Izquierda Unida ya ha prometido la inclusión de dos propuestas necesarias: la creación de una Ley Integral contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género”, pionera en el mundo, y una ampliación de los supuestos de la actual y obsoleta Ley del aborto. Con la primera, Izquierda Unida pretende tipificar como delito las “declaraciones y acciones manifiestamente homófobas”, con fuertes multas de hasta 10.000 euros; la aplicación de políticas de discriminación positiva, como favorecer políticas de creación de empleo para los y las homosexuales que sufran acoso o discriminación laboral; campañas de sensibilización en cuestiones de sexualidad y género en las escuelas e institutos de toda España. La ampliación de la Ley del aborto, con supuestos nuevos como la “imposibilidad de conciliar la vida familiar o el de un conflicto personal y familiar” constituyen un salto cualitativo importante. Junto a estas propuestas, Izquierda Unida ya ha prometido la inclusión de un proyecto de Ley para legalizar la eutanasia activa y la promoción de medidas para reforzar la laicidad del Estado.

Burlando la censura...

Hay cosas que rallan lo absurdo. La filial de móviles de Deutsche Telekom, T-Mobile, parece haber patentado el color de su logotipo: el magenta. El registro de este color como patente se hizo ya hace unos años y, aunque parezca un sinsentido supremo, existen más multinacionales que ya han registrado colores primarios como marcas de uso exclusivo. Si bien es cierto qe T-Mobile ya ha anunciado que no denunciará a ningún particular que haga uso de su color magenta, en Holanda, los diseñadores gráficos han armado un buen revuelo en la red. Éstos consideran que el registro de colores básicos por empresas constituye un ataque sistemático contra lalibertad del uso de los propios colores. En este caso, Deutsche Telekom se ha apropiado de algo que ni tan siquiera ha creado y, lo que es peor, se ha hecho con los derechos en exclusiva de la explotación y uso de un color primario. ¿Deben los colores pertenecer a las empresas que las utilizan en sus logotipos? ¿Es lícito privatizar, hasta esos extremos, elementos ni tan siquiera creados por las corporaciones?

Tras 29 años en activo, nuestra Constitución se merece no sólo una reforma sino una jubilación definitiva. En más de tres décadas, la España que gestó aquel proyecto de convivencia colectiva es muy distinta a la de ahora. Éste, y no otro, es el principal de los argumentos para apoyar explícitamente una reforma total de un texto más que obsoleto. Es un sinsentido mayúsculo seguir defendiendo, contra viento y marea, la sacralización extrema de un texto producto de una época muy concreta de nuestra historia; es una estupidez seguir creyendo que la Constitución de 1978, la de la Monarquía y el Estado centralista [eufemísticamente llamada “de las Autonomías”], garantiza no sólo los derechos que en ella vienen recogidos, sino la correcta vertebración del Estado. No es así, y los hechos así lo avalan. Vivimos momentos de extrema crispación político-social y una etapa de degradación de la vida pública y judicial que, inevitablemente, terminarán haciendo saltar por los aires a esta “santificada” Constitución. Antes de que esto ocurra, las fuerzas democráticas y progresistas deben sacar adelante, sin miedos a las presiones de la derecha recalcitrante, un proyecto nuevo de convivencia que supere el obsoleto marco de las Autonomías y dé paso, de una vez por todas, a la solución federal. La federación de las Autonomías, reconvertidas en Naciones o Estados federados a un ente supranacional que permita la convivencia entre todas, de carácter, eso sí, republicano, constituye una vía alternativa a la practicada durante estos últimos 30 años. La República democrática es el marco que hará posibles todos los proyectos de vertebración política existentes; la Monarquía, una institución retrógrada y antidemocrática por naturaleza, no tiene cabida en el futuro más inmediato de los pueblos que conforman España. Por ello, la reivindicación de la plurinacionalidad de España y del derecho de las nacionalidades que conforman el actual Estado a federarse como entes independientes pero unidos, por fortísimos lazos históricos y políticos, a un Estado que garantice el desarrollo de los mismos, es una necesidad en un momento en el que las fuerzas de ambos extremos amenazan con hacer imposible una solución al mayor de los problemas estructurales de la historia de España. Democracia, República y federalismo; porque otra Constitución no sólo es posible, sino necesaria y viable.

No es casualidad que el logotipo del blog incluya, entre un modesto paréntesis, el término “estado de excepción”. El último informe de Amnistía Internacional revela que la tortura es una práctica extendida entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; el sistema de incomunicación, por el cual un ciudadano puede estar incomunicado durante un máximo de 13 días en dependencias policiales, de los cuales, durante los 5 primeros días su caso no puede, ni tan siquiera, ser llevado ante un juez, implica una merma sustancial de los derechos humanos básicos desde una óptica legal. Así, basándose en meras sospechas, la policía puede entrar en tu casa, llevarte a un calabozo y aplicarte la defenestrada ley antiterrorista; incomunicado, sin derecho al habeas corpus y en manos de unos seres irracionales que se dicen agentes de la ley, la tortura y los malos tratos de todo tipo son algo más que una escalofriante realidad.

En conexión con este monstruoso paréntesis legal, el Estado español parece haber dado un salto cualitativo en la desintegración, de facto, del sistema judicial. A través de ese tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional, el sistema parece haber logrado lo imposible: condenar a ciudadanos por delito de pertenencia a banda armada sin prueba alguna. Así, a través del macrosumario del 18/98, por el cual más de medio centenar de ciudadanos vascos ligados, de una u otra forma, al movimiento independentista, han sido enjuiciados como presuntos terroristas, es decir, miembros de ETA. Ahora bien, el juicio ha estado plagado de todo tipo de irregularidades difíciles de entender; desde los exabruptos de la presidenta del Tribual, Ángela Murillo, no permitió que la defensa de los acusados pudiera tener acceso a las diligencias previas por el cual estaban siendo procesados. Es decir, mientras que la fiscalía del Estado había tenido acceso dos años antes de iniciarse el juicio a estas diligencias previas, para argumentar bien su estrategia, la defensa de los procesados no pudo, hasta bien empezado el juicio, y tras una lucha en la que la presidenta del Tribunal tuvo que ceder a las presiones de todos los ámbitos de la justicia, tener acceso a la base del sumario 18/98. La susodicha, llegó en un momento del juicio a decir, textualmente, que las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no le importaban lo más mínimo; mandaba a callar con malas formas a los abogados de la defensa y a los propios procesados, en un alarde de despotismo de una indecencia suprema. Algunos de los procesados sufrieron torturas y malos tratos a manos de los guardias civiles que los detuvieron, y lo que es peor, dos de esos mismos torturadores acudieron como peritos para testificar ante el Tribunal, en un derroche de surrealismo judicial sin parangón. Este juicio sin las garantías procesales mínimas no podría, ni por asomo, terminar bien; así, los acusados en lugar de ser citados en el Tribunal para darles a conocer su sentencia, han sido detenidos en distintas redadas, sin previamente haber tenido acceso ni conocimiento a su condena; una condena, que ni tan siquiera, se ha hecho pública aún hoy. Ello implica que se ha encarcelado a unos ciudadanos, considerados por el Tribunal de Excepción como terroristas, sin estos haber sido informados de su condición de condenados; inédito.

Estos ciudadanos vascos han sido condenados no por haber cometido unos hechos considerados delictivos [como podría ser un atentado o la colaboración probada con comandos etarras], sino por unas supuestas coincidencias estratégicas con la banda terrorista ETA. Estos ciudadanos no son condenados por hechos delictivos probados, sino por suposiciones que implican que éstos, por coincidir en sus fines con ETA [pero jamás en sus medios], son parte implícita del mundo pro-etarra. Así, el Estado y su sistema judicial de excepción han impuesto una relectura inconstitucional de los procedimientos jurídicos: no hace falta contar con prueba fehaciente alguna para procesar y condenar a un ciudadano por pertenencia a banda armada, por ejemplo; basta con meras suposiciones, sin prueba alguna, para proceder a culpar a alguien de un delito tan serio. El recorte de libertades es tal, que el estado de excepción [ya, de iure] ni tan siquiera es criticado abiertamente por aquellas fuerzas que se dicen de izquierdas [con la salvedad de Izquierda Unida]. En el macrosumario 18/98+ no se están condenado a etarras ni a pistoleros; se están ilegalizando ideas por el mero hecho de suponer una amenaza al caduco orden constitucional español ahora vigente. Hay que decirlo alto y claro: la ilegalización de ideas y sentimientos, estemos o no de acuerdo con ellos, no son conductas democráticas plausibles, como bien defienden socialistas y populares; son atentados directos y explícitos contra nuestro sistema de libertades: son la reafirmación y la muestra de que el estado de excepción es una realidad tangible y auténtica, una aberración inasumible por los demócratas.

más información:

http://www.ehwatch.org/

Los niveles de crispación social están empezando a socavar los fundamentos mismos del ya despiezado estado de derecho. Desde que los socialistas accedieran al gobierno de la nación, un sector importante de la derecha y de lo que está más allá de ella [la derecha ultramontana], se ha dedicado a cuestionar un día sí y otro también los resultados electorales de aquel 14-M. Profundamente resentidos con el acceso al poder de la izquierda más tibia y derechista del panorama electoral, la caverna mediática y política ha emprendido en sólo cuatro años un viaje sin retorno a los límites mismos de lo políticamente correcto y tolerable. Como si de una moda más se tratara, lo “retro” [políticamente hablando] se ha instalado como un discurso mayoritariamente apoyado por sectores de la población incapaces de asumir los últimos avances de esta legislatura. Ayer tuvimos la ocasión de presenciar, escandalizados, las maneras que se gastan aquellos que no creen ni en la democracia ni en el sistema de libertades. Un grupo de individuos de extrema derecha [dicen en la blogosfera que son elementos del ultra Frente Nacional] terminó reventando, a grito limpio, una concentración de repulsa de todos los grupos políticos madrileños contra el último atentado de los asesinos de siempre. Pedro Zerolo, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, fue blanco del odio de un puñado de viejos fascistas que, al grito de “maricón” y “maricona” obligaron a éste a abandonar la concentración. Los cavernarios allí congregados dedicaron otras perlas insultantes contra el Presidente del Gobierno, el Ministro de Interior y todo socialista “rompe-Españas” que se les viniera a sus enfermas cabezas. Lo peor de todo es que estos fascistas son los mismos que, sin sonrojarse, apoyan la campaña en defensa de la “libertad de expresión” del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo [véase filial social del Partido Popular], acusado por injurias al Presidente del Gobierno. Es intolerable que aún no tengamos una Ley Integral contra la Homofobia que tipifique y castigue como delito cualquier tipo de actitud violenta [discursiva o física] contra los homosexuales. Mientras estos imbéciles retrógrados, fascistas de toda la vida, sigan atentando verbalmente contra la dignidad de todos aquellos que no comparten su caduco modelo discursivo, y mientras sus insultos y odio no estén penados por ley, poco o nada podremos hacer contra ellos.

Corren malos tiempos para nuestras libertades. Desde la caída de las torres de la codicia, símbolos inequívocos del poder imperial y, de lo que es aún más real, del poder del capital occidental, el mundo vive una convulsión cuyo final es difícil de predecir en estos momentos. En aras de la seguridad y la lucha contra el terror global de los fanatismos de ambos extremos, los estados-nación del siglo XXI, o lo que queda de los mismos, han emprendido la titánica labor de poner fin a los estados del bienestar keynesianos, desmantelando, uno a uno, las conquistas sociales que nos definen como humanos. El aparato teórico-discursivo utilizado es el neoliberalismo, cuyo auge y consolidación asustan a buena parte de la izquierda democrática y radical que cree en el proyecto de convivencia diseñado tras la primera de las grandes crisis del capitalismo occidental. Las leyes antiterroristas ahora vigentes, rediseñadas a partir de los ataques del 11-S, constituyen un engendro legal difícilmente compatible con un sistema de libertades como el que, en estos días, la clase política dice defender. Los mismos que cercenan nuestros derechos, ilegalizan ideas y gestionan, en aras de un bien gremial [de aquellos próximos al poder o que lo detentan], lo público, son los que pretenden presentarse a sí mismos como defensores del sistema de libertades y derechos que, poco a poco, desmantelan. El giro hacia la derecha del Partido Socialista, dejándose arrastrar por la marea neoliberal y ultraderechista de buena parte del Partido Popular y de los sectores más a la derecha de éste, es un buen ejemplo de la degradación progresiva de la vida política e institucional en este país. Los recursos presentados por la derecha española contra leyes tan importantes, desde un punto de vista social y de libertades básicas, como la ley de matrimonios homosexuales, constituyen una amenaza grave y explícita contra los indudables avances logrados en esta última legislatura. El estado de excepción de facto que en estos momentos estamos sufriendo, podría agravarse en los próximos meses a medida que la contienda electoral se acerque. La presión desde la izquierda sobre un PSOE al borde del precipicio derechista es una necesidad, como lo es una participación masiva de los elementos de izquierda en la próxima cita electoral. Cierto es que la democracia que nosotros ansiamos, la verdaderamente participativa y radical, es una quimera inalcanzable en estos momentos; pero una exclusión voluntaria de la participación en la próxima contienda implica, de una u otra manera, ceder terreno a aquellos que no creen ni en las libertades ni en nuestros derechos. Necesitamos lograr una mayoría social suficiente para reformar, de una vez por todas, esa caduca y rancia Constitución, que en nada responde a las necesidades de la España del siglo XXI y de los jóvenes de hoy. Necesitamos reforzar una mayoría de izquierdas capaz de plantarle cara a la jauría eclesiástica, la misma que estos días anda diciendo que la historia de la humanidad se torció con la Revolución Francesa, y a la caverna tradicionalista y derechista que jamás ha creído en la democracia. Hoy, más que nunca, la lucha contra el estado de excepción impuesto por los que detentan el poder: socialistas y populares, banqueros y grandes corporaciones, es una necesidad y una prioridad para los que creemos en el proyecto de la democracia radical. El rediseño del logotipo de la web es una muestra de esta preocupación personal: con la democracia y, sobre todo, con nuestros derechos no se juega.