Xerach F. Smeding

Núria Portùlas es una educadora social de 26 años de una localidad cercana a Girona de tan sólo 4.000 habitantes. Desde el pasado 7 de febrero, Núria se encuentra en la prisión madrileña de Soto del Real por el simple hecho de ser anarquista; lo peor del caso es que Núria será procesada por un delito de "pertenencia a banda armada" a través de la ley antiterrorista ahora vigente. Lo surrealista del caso de Núria es que se carecen de pruebas que puedan incriminarla con alguna organización terrorista. Las autoridades sólo cuentan con un par de escritos anarquistas, y una agenda con direcciones de anarquistas italianos presos, lo que es claramente insuficiente si se le pretende procesar por un delito de esas características.

Lo delirante de este caso es que la orden para imputar a Núria provino del Área Central de Interior de los Mossos d'Esquadra, dependiente de Iniciativa Per Catalunya [en teoría, un partido rojiverde]. Al parecer, las fuerzas policiales autonómicas buscana material para fabricar bombas, dinamita y demás parafernalia necesaria para atentar. Al no hallar ni un indicio factible que pudiera incriminar a la anarquista catalana con una organización terrorista ¿anarquista?, éstos, a través de las dispociones de la ley antiterrorista, entregaron a Núria a la Audiencia Nacional, que a su vez decretó prisión preventiva para ella hasta el día del juicio. Con la ley antiterrorista en la mano, cualquier ciudadano puede ser procesado si las fuerzas de ¿seguridad? del Estado creen tener el más mínimo indicio de que éste pueda pertenecer o ayudar a una organización terrorista. Ello implica que, en lugar de investigar primero, el paso previo es la detención [a pesar de no contar con pruebas concluyentes] indefinida y en la más absoluta incomunicación con el mundo exterior. El juez Santiago Pedraz parece haberla imputado en una surrealista trama que pretendía, a través de grupos anarquistas italianos, atentar contra instituciones catalanes [¿me podría alguien explicar la lógica del asunto?].

El engendro jurídico que avala esta lamentable situación es la famosa ley antiterrorista creada por el Partido Socialista, y apoyada con sus votos por el Partido Popular y Convergencia i Unió. Ellos son los autores de una ley que permite que cualquier ciudadano de este país, cualquiera de nosotros, pueda convertirse en un presunto terrorista, ya sea por error policial o por una estrategia política concreta cuyo principal fin es la ilegalización y persecución de determinadas ideas. Esto no es ciencia ficción, está sucediendo ahora mismo y debemos hacer algo para frenar el atropello sin límites de los derechos humanos en este país, ya sea a través de ilegalización de partidos [Batasuna], ideas, periódicos [Egunkaria], o la represión más burda y dura que muchos hemos sufrido por el simple hecho de pensar de una manera distinta a la esgrimida por los de siempre, los que controlan los mecanismos del poder; los que ejecutan su tiranía ideológica desde los cómodos sillones del Congreso digitalizado o los despachos de los altos mandos del Estado.

Apoya a Núria firmando el manifiesto para su inmediata liberación