Xerach F. Smeding

La deriva paranoide y ultraconservadora de los jerarcas del catolicismo más recalcitrante no parece detenerse, ni ante nada ni ante nadie. El último episodio de intromisión católica, de despotismo religioso y arrogancia sin límites lo ha protagonizado el Secretario de Estado del Vaticano, tras una crítica sistemática de éste [y se sobreentiende de la jerarquía vaticana] a la política en materia de derechos sexuales y reproductivos consensuada por los representantes de cada una de las delegaciones nacionales de Amnistía Internacional. Durante los dos últimos años, los delegados nacionales de Amnistía han estado debatiendo las implicaciones del aborto y sus consecuencias en aquellas cuestiones relativas a los derechos humanos. Como promotores de la vida, el principal de los derechos humanos existentes, y activos detractores de la pena de muerte, Amnistía siempre había mantenido una postura ambigua a este respecto. La organización, sin entrar en juicios de valor respecto a esta práctica [ni la promociona ni la critica públicamente], lleva estos últimos años embarcada en una campaña global cuyo principal objetivo es poner coto a la violencia extrema que más de la mitad de las mujeres del globo sufren a manos de sus parejas, sus familias, jefes, desconocidos… Tras un análisis profundo de la situación de las mujeres en todo el mundo, el panel de expertos de Amnistía Internacional llegó a la conclusión de que las mujeres se hallan, en grandes extensiones del planeta, desamparadas legalmente. La vida sexual de las mujeres se halla, en muchos casos, en manos de sus despóticas parejas, y en los casos más extremos, controlada por las legislaciones represivas, heteropatriarcales y misóginas de algunos estados. Así, las mujeres que son descubiertas abortando, en países como Nigeria, pueden ser sentenciadas a la pena capital en juicios sin nulas garantías procesales; en otros países, las mujeres son perseguidas sistemáticamente y encarceladas por practicar abortos, o por tenerlos de forma natural; en otros, a las mujeres con embarazos ectópcios [aquellos en los que el feto no tiene posibilidades reales de sobrevivir al parto], les es denegada sistemáticamente el acceso a una cirugía capaz de salvar sus vidas.

A estos terribles casos hay que añadir los más que documentados casos de violación en contextos de guerra o violencia interétnica. La violencia sexual ha sido una práctica común en guerras como las de la extinta Yugoslavia [donde la violación constituyó uno de los medios más comunes de plasmación de los odios interétnicos]; en el genocidio de Ruanda, y en la más reciente crisis humanitaria y guerra de Darfur [Sudan]. Los embarazos productos de estas violaciones refuerzan el trauma y la exclusión social típica de estos casos, y lo que es peor aún, la obligación social o estatal de mantener la gestación de estos fetos producto de una acción criminal, es un atentado en toda regla contra los derechos reproductivos y sexuales de la mujer violada. Amnistía calcula que en torno a 70.000 mujeres en todo el mundo mueren al serles denegada una intervención médica en el caso de embarazos no deseados, ectópicos o complicados. El Vaticano criticó la decisión de Amnistía de defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres violadas, y muy especialmente, su inalienable derecho a hacer uso del aborto en todos los casos ya expuestos [y en aquellos libremente decididos por ellas mismas], al considerar que las mujeres en general, ni tan siquiera las violadas, pueden recurrir a las prácticas abortivas. Pero no se puede pedir más a un Estado dirigido por hombres que dicen practicar la castidad, mientras sodomizan a niños; que se dicen heterosexuales puros, mientras en la oscuridad practican sexo con otros hombres; y que predican el amor universal al mismo tiempo que siembran odio y propagan un mensaje excluyente y aberrante.