Inmoralidad socialista
A pesar de que la mayor parte de nuestra deleznable clase política considera que los ciudadanos somos una pandilla de gilipollas fácilmente engañables, o un puñado de buenos votos que legitiman un sistema político harto caduco, vicioso y degenerado, lo cierto es que no tod*s olvidamos con tanta facilidad ese listado de promesas por cumplir que se materializan cada cuatro años en los programas electorales. Pues bien, nuestros siempre progres socialistas españoles llevan casi tres años gestionando la vida pública española, con sus evidentes aciertos y sus rotundos y sonados fracasos; tres años que, temporalmente hablando, constituyen un dilatado lapso de tiempo en el que poder aplicar todas y cada una de las promesas plasmadas en ese programa electoral por el que fueron elegidos como gestores de lo público. Ahora bien, releyendo ese listado de promesas electorales, que con el tiempo debieron de haberse convertido en políticas factibles, me he topado con una serie de incongruencias manifiestas entre el programa y la praxis política del Partido [Socialista Obrero] Español.
En el citado programa electoral de 2004, el PSOE afirmaba que haría todo lo posible por reconvertir el sistema político en una democracia participativa [aunque como buenos buitres que son, decidieron emplear una terminología un tanto genérica, que de concreta tiene más bien poco] con un gobierno responsable ante la sociedad y el Parlamento; un Estado que garantice justicia rápida y efectiva, seguridad pública en la que confiar..., vamos, un mundo idílico al más puro estilo de la Alianza de Civilizaciones [o como bien dicen por la red, la Alianza de Mamones]. Pero es que lo mejor de esta introducción al fantástico programa socialista es la insuperable mención a la necesidad de potenciar la figura de los Ayuntamientos como sujetos políticos cooperadores en la democracia española y europeo, sin comentarios...
Pues bien, como todos ustedes saben, el ejectuivo de José Luis Rodríguez Zapatero planteó al inicio de la nueva legislatura una acción de gobierno orientada a la solución de los principales problemas sociales del país. Para ello creyó conveniente centrar los esfuerzos gubernativos en la promoción de la igualdad como fundamento básico del Estado de Derecho; una igualdad que nos fue vendida bajo la forma de los matrimonios entre personas del mismo sexo, una ley integral contra la violencia de género, una ley que regulara las identidades sexuales, la agilización del derecho a la separación y el divorcio... Ahora bien, en este listado de medidas sociales, los socialistas españoles prometieron abrir un debate público y parlamentario que estudiase la posible despenalización de la eutanasia en España. Casi tres años después de la llegada al poder de los socialistas, el prometido y ansiado debate aún no se ha producido, y el párrafo entero del programa electoral que alude directamente a esta cuestión, se ha quedado en una falsa, tramposa y vacía afirmación:
Eutanasia: Promoveremos la creación de una Comisión en el Congreso de los Diputados que
permita debatir sobre el derecho a la eutanasia y a una muerte digna, los aspectos relativos a
su despenalización, el derecho a recibir cuidados paliativos y el desarrollo de tratamientos de
dolor. [página 33 del programa electoral del PSOE, elecciones generales de 2004].
Leo en El País que los socialistas se niegan a abrir el prometido debate público y parlamentario; se niegan a crear la Comisión y se cierran en banda a las continuas peticiones de Izquierda Unida - Iniciativa Per Catalunya Verds y Esquerra Republicana de Catalunya para gestionar, de una vez por todas, un derecho humano inalienable. Se niegan porque afirman que la sociedad española aún no está lo suficientemente preparada para debatir la cuestión a fondo y aceptar los resultados de la Comisión, mientras que las estadísticas afirman que más del 70% de los ciudadanos de este país son favorables a la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. De hecho, el apoyo a la muerte digna es incluso mayor que el recogido en las estadísticas para el matrimonio homosexual [68%]. Se niegan argumentando que el derecho a la vida es superior al derecho a la muerte; se apoyan en patéticas reivindicaciones judeo-cristianas que cuestionan los derechos humanos básicos, que coartan y reprimen las libertades individuales con justifiaciones religiosas y morales de nula objetividad. Y se niegan, como siempre, dándole la vuelta a la tortilla, o como bien afirmó el portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Congreso:
Estamos a favor de una muerte digna pero por encima está la defensa de la vida. Primero la vida y después la libertad.
Vaya gilipollez, vaya inmoralidad....
