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Estado de in-Derecho



A lo que asistimos desde hace un par de años es a un proceso de desarticulación descarado, vil y cobarde, del Estado de Derecho. A través de las lógicas neoliberales impuestas como verdades únicas o a través del discurso del fin de la historia y el triunfo aplastante y final del capitalismo como estadio supremo del desarrollo humano; o a través de la conversión del liberalismo en ideología universal, exportable [a la fuerza o mediante presiones de todo tipo] y aplicable a todos los rincones del globo, la derecha, sus bases sociales y económicas [lobbies de presión], y aquello que aún hoy los analistas osan denominar socialdemocracia, ha sucumbido a las exigencias del nuevo orden mundial surgido tras el colapso del socialismo real. A este largo y tortuoso proceso de desmonte, destrucción o reconstrucción [elijan el término más óptimo] de nuestros estados del bienestar, hemos de centrar los historiadores nuestras críticas; lo que en estos momentos está pasando supone la destrucción de un modelo de desarrollo humano concreto, mínimamente responsable [teniendo en cuenta los precedentes, esto es todo un logro], en tanto en cuanto, pretende compaginar el salvajismo del sistema neoliberal con la protección de los derechos humanos básicos. La absurdez intrísenca del fin de la historia o del triunfo absoluto del capitalismo como estadio de máxima evolución socioeconómica, encierra, a fin de cuentas, una lógica que a través de las dos últimas décadas ha podido constatarse: las tesis de aquellos que anteponen el libre mercado a los derechos humanos es una realidad más que tangible.
La corrupción, la manipulación descarada y la prostitución de la democracia ha llegado a tal punto, que lo que en un principio hubiera parecido todo un despropósito de corte surrealista, es una realidad que en lugar de risas produce escalofríos. En nombre de conceptos tan sacros como la libertad y la democracia, todo una legión de dementes y descerebrados neocons han logrado dar muerte no sólo al Estado de Derecho, sino a las bases mismas a través de las cuales se articulan nuestros supuestos estados democráticos. Mediante un proceso de rearticulación conceptual y discursiva [es decir, a través de una ruptura discursiva operada con una intencionalidad descarada y manipuladora], las bases mismas de nuestra convivencia colectiva han sido suprimidas. ¿Cómo pretenden los falsos demócratas defender un sistema judicial capaz de saltarse el Código Penal con tal de defender la ley? ¿Surrealista? No, real.
El caso del etarra De Juana Chaos puede poner los pelos de punta a cualquiera por una serie de motivos variados; en primer lugar, este individuo es el causante de más de una veintena de muertos. Por ello fue condenado a 3.129 años de cárcel, pero en cumplimiento de la ley vigente [VIGENTE], este asesino debía salir de prisión tras cumplir una condena de tan sólo 18 años. Las redenciones de penas establecidas por el Código Penal de 1975 [por el cual fue juzgado], le libraron de haber cumplido unos 12 años de los 30 máximos establecidos por la ley. En el momento en el que este descerebrado y asesino iba a salir de la cárcel, nuestro candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias y aún hoy ministro de justicia, el señor López Aguilar, afirmó que haría todo lo posible para que este sanguinario etarra no abandonara la cárcel. A su petición se adhirieron las víctimas del terrorismo etarra [AVT y demás], el Partido Popular, la derecha mediática y una buena parte de los socialistas españoles. Con la ayuda de un poder judicial cuyas lógicas superan los razonamientos humanos básicos, De Juana fue condenado a unos 12 años más de prisión por unas supuestas amenazas vertidas por éste en dos artículos publicados en el diario Gara. A través de no se sabe que relecturas [o más bien, manipulaciones intencionadas de los textos de De Juana], el fiscal entendió que los escritos podían constituir delitos de pertenencia a ETA y amenazas terroristas. Lo más surrealista del caso, es que en los textos es imposible adivinar amenazas explícitas o directas capaces de sustentar semejante delito y su posterior condena.
De la condena a 12 años se pueden inferir varias cosas; en primer lugar, la desproporción de la misma es tal, que las lógicas a las que dicha decisión obedeció trascendieron el marco jurídico de una forma explícita. A través de argucias legales de deduosa legalidad [yo diría que son inconstitucionales de facto], la Audiencia Nacional logró que De Juana no saliera de la cárcel. Pero, ¿a que precio? ¿Saltándose la propia ley? ¿Tergiversando el Estado de Derecho en el supuesto beneficio colectivo, para atropellar indiscriminadamente los derechos de un individuo?
Si a lo de De Juana sumamos la prohibición de una manifestación anti-racista en Alcorcón; el intento de la fiscalía de perseguir al actor Pepe Rubianes por sus escatológicos comentarios sobre la unidad de España [a los que me uno: me cago en la puta España, que me procesen]; al expediente abierto a dos guardias civiles por haber participado en un protesta colectiva...., nos hallamos ante un contexto mucho más grave del que a priori se podría inferir de la realidad cotidiana. La pandilla de energúmenos y hooligans que tenemos como políticos, y muy especialmente a la deleznable dirección del Partido Popular, con la ayuda de los odios de la radio de los obispos, la manipulación intencionada de la información de El Mundo o La Razón, y de la preopcupante pasividad del gobierno socialista, están logrando su objetivo básico: acabar con la democracia, con al libertad de ideas e imponer el pensamiento único y totalitario por el que siempre han apostado. Porque, no nos engañemos, estos son los mismos de siempre, los descendientes de aquellos que en 1936 truncaron la esperanza de todo un pueblo por vivir en libertad y en democracia.

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