Xerach F. Smeding

La muerte del dictador Augusto Pinoche es una triste noticia para aquellos que defendemos los derechos humanos. Triste porque este asesino, presunto autor de crímenes contra la humanidad ha quedado, finalmente, impune. En 1998 el juez estrella Baltasar Garzón abrió un nuevo período en la lucha contra los tiranos, torturadores y asesinos estatales. Basándose en el revolucionario concepto de justicia universal, Garzón pidió la extradición del dictador Augusto Pinochet [residente en Londres] a España para ser juzgado por presuntas torturas. Si bien es cierto que no se logró su extradicción, el proceso iniciado en España abrió el camino para el fin de la impunidad de centenares de genocidas y dictadores planetarios. El propio Pinochet fue presa de la propia justicia chilena, que a pesar de no haber logrado sentarlo en el banquillo, le retiró su estatus de senador vitalicio, los privilegios asociados al cargo e inició el largo proceso judicial que, con su muerte, ha quedado definitivamente truncado. La novedad principal de la justicia universal, radica en que los violadores de derechos humanos no lo volverán a tener tan fácil para escapar de instituciones judiciales planetarias como el TPI o aquellas Cortes nacionales inspiradas por este revolucionario concepto.

Durante los 17 años de gobierno del dictador, se calcula que 2.600 chilenos fueron asesinados por los aparatos represores del régimen militar, unos 27.000 fueron sistemáticamente torturados y se calcula que otros 300.000 debieron exiliarse de Chile. Hasta octubre de 2006, Human Rights Watch afirma que 109 elementos del régimen habían sido condenados por delitos como secuestro, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, tortura... El propio Pinochet se hallaba bajo arresto domiciliario y ya se habían iniciado los trámites para juzgarlo por varios delitos. Por ello, la justicia ha de actuar con mayor celeridad ante estos casos; tanto el genocidio como los crímenes contra la humanidad han de ser prioritarios para las instituciones encargadas de administrar la justicia. Es inmoral que los dictadores y asesinos eludan la justicia o no respondan ante un tribunal por sus crímenes o violaciones de derechos humanos. Esperemos que esto no vuelva a pasar; nunca más.