Justicia universal
La justicia española se ha declarado competente para investigar el asesinato del cámara de tele5 Javier Couso en Irak a manos de militares norteamericanos [8 de abril de 2003]. El Tribunal Supremo aprobó por unanimidad de sus miembros que la Audiencia Nacional volviese a abrir el caso, cerrado por la Segunda Sección de la Sala de lo Penal de la Audicencia Nacional el pasado 10 de marzo. Por aquel entonces, los magistrados de la Audicencia Nacional consieraron que el asesinato de Couso no fue un "acto intencionado, sino uno de guerra realizado contra un enemigo erróneamente identificado" [justificación española de las tesis norteamericanas].
Gracias a la setencia del Tribunal Constitucional [de 5 de octubre de 2005] por la cual se establecía que la justicia española es plenamente competente para juzgar delitos de genocido y crímenes contra la humanidad fuera de España [con o sin víctimas españolas], el caso de Couso podrá ser investigado de nuevo. El nuevo principio de Justicia Universal [que tan sólo Bélgica y España han puesto en marcha] supone que cualquier delito de genocido o crímenes contra la humanidad pueda ser perseguido por la justicia española; de hecho, desde la introducción de este principio ya hay abiertas tres causas de este tipo. La presentada por la premio Nobel de la Paz, Rogoberta Menchú Tum en relación a los crímenes de genocidio, torturas y detenciones ilegales en Guatemala [1978-1996]; la presentada por la Casa del Tíbet contra la República Popular China, por genocidio y crímenes contra la humanidad contra el pueblo tibetano [1959-1996]; y la de miembros exiliados en España del grupo religioso Falung Gong contra la República Popular China por persecución y detención ilegales.
El gran problema radica en que los medios para llevar a los asesinos de Couso al banquillo son escasos, a la par que las agresivas políticas norteamericanas impiden que sus soldados sean juzgados por tribunales de otras naciones. De hecho, el presidente Bush aún no ha ratificado el protocolo del Tribunal Penal Internacional, al negarse rotundamente que militares norteamericanos puedan ser juzgados por este tribunal universal. Los tres militares estadounidenses implicados en el asesinato del cámara español: Thomas Gibson [que efectuó el disparo], el capitán Philip Wolford [que autorizó la acción] y el teniente coronel Philip de Camp [que ordenó el ataque contra el hotel], vuelven a estar en búsqueda y captura por un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato.
