Asesinos [estatales]
El pasado miércoles un preso condenado a ser ejecutado mediante inyección letal en el Estado de Florida tardó 34 minutos en morir. Uno de los sobrinos del reo relataba la lenta y agónica muerte de su tío: mi tío sufrió una muerte terrible, se movía agitado, apretaba la mandíbula, respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba; fue una muerte muy cruel. El ejecutado era Ángel Nieves Díaz, un hispano de 55 años que pasó 20 años en el corredor de la muerte por el asesinato de un dueño de un club de strip-tease en Miami. Ángel encaja con el perfil típico de conenado a la pena capital: perteneciente a alguna de las minorías étnicas y lingüísticas de EEUU [hispano o negro, mayoritariamente], de bajos ingresos económicos y escasa formación cultural.
Tras este aberrante episodio de asesinato estatal, el gobernador del Estado de Florida, el hermano del señor Arbusto Jr. [Bush Jr.], Jeb Bush, ha decretado una moratoria en la aplicación de la pena de muerte en su Estado, al menos hasta el 1 de marzo de 2007, momento en el cual la comisión de investigación creada por el gobernador deberá esclarecer si la inyección letal viola la octava enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe cualquier castigo cruel.
Al otro lado de la nación más poderosa del planeta, en el Golden State, California, Jeremy Fogel, juez del Estado, decalaraba inconstitucional la aplicación de la inyección letal en los reos condenados a muerte. Este mismo juez había declarado una moratoria sobre las ejecuciones en dicho Estado tras estudiar el caso del reo Michael Morales [otro hispano], cuya ejecución fue aplazada en el último momento [ya atado en la camilla] porque los anestesistas que debían minimizar su sufrimiento se negaron a supervisar la ejecución por motivos éticos. Por ello, Fogel canceló todas las ejecuciones previstas en California debido a que la inyección letal causa un terrible dolor antes de que la mezcla alcanza el corazón del condenado.
El 26 de abril del presente año, la organización de derechos humanos Human Rights Watch, publicaba el infrome mientras mueran: inyecciones letales en Estados Unidos, un sobrecogedor documento en el que se pone de manifiesto la incompetencia, negligencia e irresponsabilidad de los Estados Unidos al provocar un innecesario dolor en los reos condenados a muerte. El informe afirma que el protocolo seguido en los 37 de los 38 Estados que aplican la pena capital fue redactado hace más de tres décadas, sin base científica alguna ni adaptación médica moderna. Mientras el reo espera atado su muerte en una camilla, sus verdugos [los familiares de la víctima asesinada por el condenado, las autoridades civiles y religiosas] esperan su muerte tras un cristal. Éstos presencian la ejecución del condenado al que se le suministra un mortal cóctel de tres fármacos: un anestésico segudio de bromuro de pancuronio [que paraliza los músculos pero deja al prisionero consciente y capaz de sentir el dolor], y finalmente cloruro de potasio, que causa un paro cardiaco rápido pero que es tan doloroso que los veterinarios de EEUU prohiben su uso en animales de compañía a no ser que éstos se hallen totalmente inconscientes. Estas directrices veterinarias no son aplicadas en los seres humanos que se someten a la inyección letal.
El director de Human Rights llegó a afrimar que los EE.UU son más cuidadosos matando a perros que al matar a personas. Y como bien dice Jamie Fellner, que el condenado a muerte haya matado sin cuidado ni consciencia, no implica que el Estado deba seguir su ejemplo. Además, la citada organización de derechos humanos afirma que los métodos anestésicos son mínimos, habiéndose demostrado en las autopsias más recientes efectuadas sobre reos de Carolina del Norte, que los ejecutados mayoritariamente estan conscientes durante el proceso de ejecución [caracterizado por una sensación de asfixia del agente paralizante y un dolor abrasivo que recorre lentamente sus venas]. De hecho, las instituciones penitenciarias estadounidenses han rechazado la aplicación de una única inyección letal de un barbitúrico que provoca una muerte indolora, pero el proceso tarda 30 minutos en consumarse, lo que supone que los verdugos y testigos de la ejecución deban esperar más tiempo durante ese lamentable espectáculo asesino.
La decisión de Bush de paralizar las ejecuciones en Florida se deben a los terribles resultados de la autopsia realizada al puertorriqueño Ángel Díaz, que sufrió quemaduras de más de 25 cm. de longitud en ambos brazos mientras tardaba en morir 34 agónicos minutos. El médico de la prisión en la que fue ejecutado afirmó que los carceleros aplicaron erróneamente el cóctel mortal, y en lugar de inyectar los medicamentos directamente en las venas [donde hubieran fluido más rápidamente] se hizo a través de la carne cercana a los codos del reo. El Gobernador afirma que los carceleros aplicaron correctamente el protocolo, justificando la agónica fuerte de Ángel debido a que éste sufría un problema hepático que habría dificultado su ejecución. Mentiras, más mentiras...
