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Yogyakarta

La noticia ha pasado desapercibida entre los medios de comunicación españoles, absortos y enquistados en los infantiles pleitos políticos, la crispación y las genealogías borbónicas, pero hacia finales del mes pasado, un panel de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, reunidos en la ciudad indonesia de Yogyakarta, promulgaba una declaración de principios para combatir la homofobia y todos aquellos atentados contra la libertad sexual de los seres humanos. La violación de los derechos humanos por motivos de orientación sexual e identidad de género son muy comunes en la mayor parte del globo; y en las naciones con una legislación antihomofóbica explícita [como los países adheridos a la Unión Europea], la homofobia social, es decir, el rechazo, la ridiculización y el hostigamiento hacia las manifestaciones públicas de afecto homosexual o hacia la propia orientación sexual del individuo, sigue constituyendo una conducta ampliamente asentada en determinados estratos de la sociedad occidental. Es por ello que, la principal queja de los sectores más críticos con la actual política sexual del Ejecutivo socialista, es la inexistencia de una Ley Integral contra la homofobia. Tanto en Cataluña como en Galicia, los ejecutivos autonómicos están preparando sendas leyes para castigar las conductas que atenten contra la libertad sexual y de género de las personas; con toda probabilidad, la ley que salga de la actual coalición rojiverde catalana implicará un paso más hacia la igualdad de facto, es decir, la igualdad social que en la actualidad carcen los homosexuales.
Los Principios de Yogyakarta constituyen un mecanismo desarrollado por las Naciones Unidas para implementar y desarrollar, de manera fáctica, los aspectos legales relativos a la protección de los derechos de los homosexuales, transexuales, intersexuales y bisexuales. El articulado recoge todos los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero desarrollados en función de los grupos anteriormente expuestos; también se introducen recomendaciones a seguir por los Estados, como la adaptación de los marcos legales a las exigencias de los Principios. Si bien los Principios tienen la noble intención de agilizar una inexistente tolerancia hacia las sexualidades no-normativas en los países menos desarrollados del globo, y de reforzar los mecanismos de protección legal en aquellos países en los que la homofobia esté castigada penalmente, la repercusión real de los mismos parece ser limitado, entre otros factores, por la escasa repercusión mediática de éstos. Los Principios son la base de un necesario proyecto legal que, de una vez por todas, abarque la homofobia y la transfobia, como conductas delictivas que atentan contra uno de los derechos básicos de cualquier ser humano, el derecho a la libertad sexual.

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