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Sin permiso, pero con derechos.



Resulta lamentable que varias naciones recién incoporadas al club comunitario estén desarrollando políticas que atenten directamente contra los principios y los valores fundacionales de la Unión Europea. Por si no teníamos bastante con las ya habituales salidas de tono del Ejecutivo polaco y su descarada y aberrante homofobia, el gobierno de Malta se incopora a la lista negra de países europeos poco proclives a defender los derechos humanos básicos. Las autoridades de ese islote mediterráneo se han negado, en reiteradas ocasiones, a prestar asistencia a los inmigrantes que llegan a sus aguas jurisdiccionales. El caso del Montfalcó, un buque español que tuvo que socorrer a 26 inmigrantes que se hundían al sur de la isla de Malta, es representativo de lo que está pasando. Ante la negativa del gobierno maltés de salvar a los náufragos y a acogerlos en su territorio, los responsables del buque decidieron rescatarlos por cuenta propia. El buque de salvamento marítimo Clara Campoamor completó el proceso de rescate y acogida de estos náufragos africanos. Ahora bien, ¿es lícito que un miembro de la UE practique políticas de este tipo? ¿Hasta qué punto debe la UE seguir tolerando estas violaciones de la política, y peor aún, del espíritu que lo vio nacer?

El problema es de gran envergadura; por un lado, la UE no para de hacer llamamientos a países externos al continente para que respeten los derechos humanos en sus territorios, pero por otro lado, los Estados adheridos a éste parecen obviar cualquier respeto mínimo hacia ellos. Esto implica dos cosas: una incoherencia de base de las políticas externas e internas de la Unión y una pérdida notoria de credibilidad de Europa de cara a la galería mundial. ¿Cómo podrá el Parlamento seguir condenando la violación de derechos humanos en Cuba o China si en el seno de dicha institución hay representantes de estados que vulneran las normas de convivencia más elementales? Lo peor del caso es la nula autocrítica en el seno de las instituciones comunitarias. Que países como España e Italia deban proceder a rescatar a los inmigrantes que naufragan en las aguas de una nación soberana como Matla, demuestra la incompatibilidad de las políticas humanitarias de Malta con las de los restantes países del Mediterráneo. ACNUR ya ha criticado duramente la actitud soberbia de este isolote [todo sea dicho de paso, de mierda] mediterráneo, a la par que ha agradecido a España e Italia su cooperación en el salvamento y acogida de los náufragos. El último episodio en el que un pesquero de Malta le negó el rescate a una veintena de africanos agarrados a sus redes de pesca, ha sido el detonante de que Italia y España hayan pedido alcanzar un consenso básico en estas cuestiones. No creo que sea ético ni humano dejar perecer a inmigrantes en las aguas del Mediterráneo o del Atlántico por el simple hecho de no querer acogerlos en tierra firme, como tampoco es legal que un buque en alta mar le niege la asistencia y el salvamento a un grupo de náufragos. La UE debe hacer algo urgente a este respecto; no debe permitir que sus socios vulneren las normas básicas de la convivencia y las políticas humanitarias. De lo contrario, la credibilidad de la Unión y de sus instituciones, a la par que su ya mermada acción diplomática en el exterior, quedarán seriamente dañadas por unos recién llegados [Malta, Estonia, Letonia, Polonia, por nombrar a los que más se pasan por el forro los derechos humanos] nada respetuosos con los valores que nos unen y que nos representan.

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